LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
cedimiento de impugnación, con la consecuente dilación
en la resolución final.
Tal posibilidad de acudir a juicio de nulidad hace inadecuado
el diseño orgánico elegido por el legislador local
para garantizar que los sujetos obligados (poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) resulten conminados a otorgar
la información pública solicitada por los ciudadanos, y
torna ineficaz la protección del derecho fundamental a la
información pública.
Las facultades con que cuenta el legislador local, en esta
materia, no incluyen la creación de instancias adicionales
para conocer de las determinaciones derivadas del recurso
de revisión.
Someter a un procedimiento tradicional el ejercicio del derecho
a la información contradice las características expeditivas
y de instancia especializada a que se refiere la
fracción IV del multirreferido artículo 6º.
Efectivamente, la existencia del juicio de nulidad, como
instancia en la cual se pueden revisar las resoluciones
del órgano especializado, no encuentra cabida en el esquema
a que se refiere la garantía constitucional, pues
implica agregar una instancia jurisdiccional, ante un órgano
que no es especializado en la materia; lo que indefectiblemente
amplía el plazo para obtener una resolución que
permita al particular hacer efectivo su derecho de acceso
a la información pública.
Así, el debido respeto a la garantía constitucional de que
se trata, hace inadmisible sujetar al organismo constitucional
autónomo local a un control de legalidad de las resoluciones
que forman parte de su autonomía decisoria.
Es fundado el segundo de los argumentos.
Lo anterior, sin considerar que previamente ya se había reconocido la
imposibilidad de los sujetos obligados de promover un juicio de amparo en
contra de las resoluciones de los organismos garantes:
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN PÚBLICA (IFAI). LAS PERSONAS
MORALES OFICIALES OBLIGADAS POR AQUEL
ÓRGANO A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN
SOLICITADA POR LOS PARTICULARES, CARECEN
DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO
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