LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
principios y las bases, sino también los procedimientos a través de los
cuales se articularían el referido derecho y las obligaciones correspondientes.
Con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en 2002, se sentaron las bases generales
que regularían el derecho de acceso a la información en posesión
de los poderes de la Unión y de los órganos constitucionales autónomos
(OCAS), y se detallaron los principios y procedimientos que normarían al
Poder Ejecutivo Federal. Así, la Ley Federal dejó al resto de los poderes
y OCAS la facultad de establecer los órganos, criterios y procedimientos
institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información
que tuvieran en su poder. La recién aprobada Ley General hace
análogos los procedimientos para todos los sujetos obligados.
Entre las nuevas precisiones, la Ley General regula el procedimiento
de impugnación en temas de acceso a la información en el Título Octavo
y, particularmente, el recurso de revisión de asuntos jurisdiccionales de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Capítulo V, en
sus artículos 194 y 195. La LGT especifica que la SCJN debe crear un
comité especializado en materia de acceso a la información para resolver
los recursos de revisión relacionados con las solicitudes de información
sobre asuntos jurisdiccionales. Dicho comité tendrá las atribuciones de los
organismos garantes y se integrará por tres ministros.
Los dos artículos que regulan el recurso de revisión ante la SCJN representan,
en principio, tres grandes avances.
Primero, generan uniformidad procesal porque al normar la Ley General
los principios, bases y procedimientos de resolución, elimina la necesidad
de regularlos en otros tipos de disposiciones tales como acuerdos y
reglamentos. Con ello, se elimina la dispersión procesal que obstaculiza la
transparencia al hacer más complejo no solo el proceso de impugnación
de las resoluciones, sino de acceso a la información.
Segundo, incrementan los supuestos por los cuales los solicitantes
pueden interponer recurso de revisión, al no ser exclusivamente contra
las resoluciones del Comité de Información, como había sucedido hasta
ahora, sino contra cualquier respuesta de la autoridad.
Tercero, generan certidumbre jurídica porque identifican al Comité especializado
de la SCJN con un órgano garante. Por consiguiente, la LGT
define los plazos procesales que regirán al Comité durante el proceso de
resolución de los recursos de revisión de forma clara. De esta manera, mediante
la sistematización procesal se solucionan los problemas de falta de
certeza y de celeridad en los plazos y en la resolución, así como el posible
trato diferenciado respecto del tiempo de espera entre los solicitantes.
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