LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Artículo 6o. (…)
A. (...)
VIII.-
El organismo garante tiene competencia para conocer de los
asuntos relacionados con el acceso a la información pública
y la protección de datos personales de cualquier autoridad,
entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos
jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité
integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos
que interpongan los particulares respecto de las
resoluciones de los organismos autónomos especializados
de los estados y el Distrito Federal que determinen
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la
información, en los términos que establezca la ley.
(Énfasis propio)
Por esta razón, la Ley General regula el recurso de inconformidad
como un mecanismo alternativo de impugnación de las resoluciones a los
recursos de revisión emitidas por los organismos garantes locales, cuando
confirmen o modifiquen la clasificación de información, confirmen la
inexistencia o exista una negativa de información.
Además, este primer artículo posibilita al solicitante de la información
a renunciar a este recurso para iniciar un juicio de amparo ante el Poder
Judicial de la Federación. Esto es, la Ley General prevé que el solicitante
puede acudir directamente al juicio de amparo, sin agotar el recurso de
inconformidad, sin que esto afecte al principio de definitividad contemplado
en el artículo 107, fracción IV constitucional o represente alguna de las
causales de improcedencia del juicio de amparo previstas en el artículo 61
de la Ley de la materia.
Efectivamente, este artículo prevé un caso de excepción al principio
de definitividad, que requiere el agotamiento de los recursos ordinarios
antes de solicitar la protección de la justicia federal, y otorga al solicitante
de la información la libertad de optar entre el recurso de inconformidad
ante el INAI y el juicio de amparo.
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