LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos
públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento
de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.
Comentario
En la reforma constitucional al artículo 6º., publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 7 de febrero de 2014, se estableció que “toda la información
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es
pública…”. De esta forma, se ampliaron los sujetos obligados que tienen
obligaciones de transparencia según la legislación secundaria. Las personas
físicas y morales que recibían y ejercían recursos públicos o actos de
autoridad, no estaban específicamente señalados en la anterior LFTAIPG.
En este tenor, en el capítulo IV, del Título Quinto “De las obligaciones
de transparencia”, en sus artículos 81 y 82 de esta LGT, se señala que
“los organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán
los casos en que las personas físicas o morales que reciban
y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con
las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente
o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en
los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad”.
Así, tomando en consideración la naturaleza de las funciones que realizan
así como de la propia persona física o moral, se establecerá si éstas
cumplirán directamente con las obligaciones de transparencia impuestas
por la ley o a través de la dependencia o entidad que les asignaron los
referidos recursos.
En el caso de que las personas físicas y morales sean las que tengan
cumplir ellas mismas con las obligaciones de transparencia (una vez
que el organismo garante correspondiente lo hubiera determinado), deben
cumplir con los plazos y términos que establece esta Ley General para
otorgar el acceso a la información requerida.
La CIDH 334 ha señalado que el derecho de acceso a la información “genera
obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas
del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno”.
334 CIDH, op.cit.
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