LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el
organismo garante y el sujeto obligado de que se trate.
Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder
Judicial de la Federación.
Comentario
El artículo 180 establece el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones
a los recursos de inconformidad, así como la oportunidad que tiene
el recurrente de impugnarla a través del juicio de amparo.
El artículo advierte que las resoluciones del INAI serán definitivas e
inatacables para los organismos garantes y los sujetos obligados. Esto
implica que el INAI se convierte en la última instancia administrativa para
otorgar el acceso a la información y, por lo tanto, sus decisiones son vinculantes
para los organismos garantes y para los sujetos obligados. Éstos
no podrán ocurrir al juicio contencioso administrativo o al amparo.
Antes de la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada
en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2014, algunas leyes
como la de Campeche permitían que las resoluciones de la Comisión
de Transparencia local fueran impugnadas por los sujetos obligados. Asimismo,
éstos ocurrían al procedimiento contencioso administrativo para
controvertir la determinación de los organismos garantes.
Sin embargo, tras de la acción de inconstitucional 56/2009 la Suprema
Corte de Justicia de la Nación determinó que la revisión de la legalidad de
las resoluciones —en ese caso de la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado de Campeche— en un juicio administrativo,
constituye una violación a la autonomía decisoria y expeditiva referida en
el artículo 6º., fracción IV constitucional, señalando que:
El hecho de que la legalidad de las resoluciones de la
Comisión sea revisada y revocable, mediante juicio de
nulidad, por el Poder Judicial Local (que es precisamente
uno de los sujetos obligados a dar información a los
ciudadanos), constituye una violación a los principios de
autonomía decisoria y expeditiva, contenidos en la fracción
IV del artículo 6º. constitucional, pues el sistema, así
contemplado, permite que uno de los sujetos controlados
se encuentre facultado para sobreponerse y suplantar al
organismo controlador; además de que abre todo un pro-
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