LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
de delitos, procedimientos de responsabilidad administrativa, de debido
proceso, o se relacione con investigaciones sobre delitos; procesos deliberativos
en los que la decisión definitiva deberá estar documentada; la
que por disposición expresa de una ley que no contravenga la Ley General
de Transparencia y los tratados internacionales se establezca como información
reservada.
Como información confidencial se considera aquella que contiene datos
personales concernientes a una persona identificada o identificable,
en el artículo 116 se precisa que la información confidencial se relaciona
con los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil
y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional, o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.
Fracción II
Esta causal para interponer un recurso de revisión se trata de la inconformidad
por la ausencia de información que los sujetos obligados están
obligados a generar.
El artículo 19 de esta Ley General señala: “se presume que la
información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos
obligados”.
El sujeto obligado en ningún caso podrá determinar la inexistencia de
información en relación con sus facultades, competencias y funciones. En
los casos en los que algunas facultades, competencias y funciones no se
hayan ejercido se deberá motivar la respuesta, es decir, aplicarla al hecho
en específico. Este tipo de declaración de inexistencia que se relaciona
con sus facultades no ejercidas sirve, para de manera indirecta, poder
verificar que los sujetos obligados cumplan con sus mandatos y con funciones
relacionadas con el ejercicio de recursos públicos o el desarrollo
de actos de autoridad.
Fracción III
Se refiere a la respuesta de un sujeto obligado que no genera, posee o
administra información relacionada con la requerida en una solicitud de información.
De acuerdo con el artículo 136 de esta Ley General, los sujetos
obligados que determinan su incompetencia para resolver una solicitud de
información porque no forma parte de sus facultades y funciones deberán
avisar al solicitante dentro del plazo de los tres días posteriores a la recepción
de la solicitud y en caso de poder determinarlo indicar a la persona
solicitante de información, al sujeto obligado competente.
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