LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Comentario
En el antepenúltimo párrafo del apartado A del artículo 6º. constitucional
encontramos un mandato en el sentido de que la Ley General de Transparencia
debe prever las medidas de apremio que podrá imponer el organismo
garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
Dicha disposición constitucional tiene como objeto brindar coercitividad
a las determinaciones de los organismos garantes para hacerlas
cumplir cabalmente, a fin de garantizar la efectividad y/o eficacia de sus
determinaciones en la labor de tutelar el derecho de acceso a la información
pública, evitando la discrecionalidad en su acatamiento por parte de
los sujetos obligados.
En atención a esa norma constitucional, este artículo confiere a los
organismos garantes una facultad que contribuye al fortalecimiento de sus
capacidades institucionales, en razón de que su alcance legal garantiza la
plena eficacia de las determinaciones y resoluciones que los mismos toman
en el desarrollo de sus atribuciones y funciones en materia de transparencia
y acceso a la información pública, estableciendo la posibilidad
legal de forzar, en su caso, el acatamiento de tales decisiones.
De tal manera, mediante el establecimiento de este nuevo esquema
de imposición de medidas de apremio ante un incumplimiento de las determinaciones
de los organismos garantes, que constituye un rediseño de
la legislación mexicana en la materia, se erradica, por completo, cualquier
posibilidad de que se presente dicho incumplimiento, asegurándose, en
consecuencia, el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en todo el país.
Al efecto, es pertinente puntualizar primeramente la definición de las
medidas de apremio. Éstas son definidas por el Diccionario Jurídico Mexicano
elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México como “el
conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales el juez o tribunal
puede hacer cumplir coactivamente sus resoluciones”. 366
Ello también viene a atender la disposición establecida por el tercer
párrafo del artículo 17 constitucional al constituir los medios de apremio
como unos instrumentos para garantizar la independencia de los organismos
garantes y la plena ejecución de sus resoluciones y determinaciones.
En suma, se puede afirmar que la finalidad o ratio legis de la disposición
en comento es la de prever un mecanismo de actuación de los orga-
366 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1984, p.158.
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