LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
En atención a lo indicado y con relación a los artículos anteriores, podemos
señalar que es una necesidad por principio de seguridad jurídica para
los sujetos obligados, saber cuáles son tanto el objeto de la verificación
como las reglas que habrán de seguirse en dichas verificaciones por parte de
los organismos garantes; ya que lo anterior, fija los límites de función
de los organismos del Estado, con lo cual se dejan fuera posibles abusos
y acciones de ilegalidad que podrían llegar a menoscabar a sujetos obligados
sin causa legalmente establecida en los cuerpos normativos del
Estado mexicano.
Es por lo anterior que se otorga el plazo de cinco días a fin de dar
cumplimiento, y en caso de incumplirse dentro de los siguientes cinco días
encontrarse con la posibilidad de imponer las sanciones que se consideren
pertinentes; con lo que se garantiza la legalidad de las acciones contenidas
en los numerales en comento.
En este tenor de ideas, resulta interesante resaltar lo establecido por
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en su estudio “El derecho de acceso
a la información en el marco jurídico interamericano”, que a la letra indica:
4. Obligaciones impuestas al Estado por el derecho de acceso a la
información.
a) Obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible
a las solicitudes que sean formuladas
24. El Estado tiene la obligación de responder sustancialmente a las
solicitudes de información que le sean formuladas. En efecto, el artículo
13 de la Convención Americana, al amparar el derecho de las
personas a acceder a la información en poder del Estado, establece
una obligación positiva para éste de suministrar de manera oportuna,
completa y accesible, la información solicitada o, en su defecto,
de aportar en un plazo razonable las razones legítimas que impiden
tal acceso. En este sentido, tal como se expone a profundidad
en los siguientes párrafos, la doctrina interamericana ha precisado
que, en caso de que existan excepciones, éstas “deben estar previamente
fijadas por ley como medio para asegurar que no queden
al arbitrio del poder público”.
25. La obligación de los Estados de suministrar la información solicitada
apareja deberes especiales de protección y garantía, que se explican
brevemente a continuación.
b) Obligación de contar con un recurso que permita la satisfacción
del derecho de acceso a la información.
26. La adecuada satisfacción del derecho de acceso a la información
supone la necesidad de incorporar en el ordenamiento jurídico un
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