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Patrimonio Cultural del Municipio de Apaseo el Grande
no se le puede escamotear el rango de institución política. Se puede hablar de una autonomía
relativa del funcionariado indígena.
La figura del Gobernador de naturales apareció en el sistema político novohispano
cuando la Corona decidió suprimir el señorío precortesiano que había subsistido en los primeros
años que siguieron a la conquista de México. El oficio de Gobernador era el oficio de mayor jerarquía
de la república de indios. En los dos primeros siglos del virreinato fue reconocido como
representante e intermediario entre las autoridades españolas y las comunidades indígenas. Para
comienzos del siglo XIX, la relevancia social del cargo de gobernador había descendido a su grado
más bajo, pues se reducía a servir como simple auxiliar de las autoridades españolas, lo que lo
obligaba incluso a desempeñar la función de intérprete en las actuaciones del juez mayor.
Aunque el gobernador era la figura principal del gobierno de los naturales, requería el
auxilio de otros ministros, de una pequeña burocracia que cumpliera tareas específicas de autoridad,
lo que dotaba a la república de un carácter corporativo. El conjunto de estos oficiales se denominó
cabildo, concejo o república. Los oficiales de república eran -teóricamente ya que no todos
los cargos se manifiestan ocupados según nuestra información al presente en los pueblos del partido
de Apaseo-, por: el alférez real, los alcaldes ordinarios, los regidores, los alguaciles, el escribano
de república, el mayordomo, los fiscales de doctrina, los tequitlatos, los capitanes, tableros y
celadores, los mandones, los topiles, los jueces de sementeras, los ministriles del juez real, el
procurador general de indios.
El alférez real, o portador del pendón real. Este oficio tenía solo una función ornamental
y protocolaria que se cumplía de manera esporádica, por lo que tuvo poca importancia en el
gobierno indígena.
Los alcaldes ordinarios eran jueces por antonomasia, y su jurisdicción solo cedía ante
la del gobernador, a quien, por otra parte, siempre acompañaban en sus actuaciones, de manera
que puede hablarse de un ejercicio conjunto de la función judicial. Sus atribuciones también
incluían el gobierno político y económico de los pueblos por ellos mandados, también incluía la
defensa judicial de los intereses de su comunidad ante las autoridades españolas del distrito y del
reino. Las autoridades españolas esperaban de ellos también que controlaran a los indios de su
pueblo, que los mantuviera en obediencia. Como jueces eran encargados de guardar el cepo –un
objeto para asegurar los pies a los detenidos-. Lo tenían generalmente en su casa, pero sólo mientras
desempeñaban el oficio.
Los regidores cumplían en el gobierno indígena la función de concejales, es decir, de
individuos integrantes de un cuerpo consultivo del gobernador. Su tarea era, en primer lugar, dar
concejo y opinión en los casos que se sometieran a la decisión del cuerpo de curiales. Tenían
además el deber genérico de auxilio, porque podían desempeñar las comisiones que les fueran
encomendadas por el gobernador. Además suplían en sus ausencias a los alcaldes. Finalmente,
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