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I PARTEbién violadas. Los cadáveres fueron tirados en un pozo que ahora se conoce como“El pozo de la vergüenza”. Fueron acusados 10 militares de alto rango, 9 soldadosy oficiales y 80 militares, entre ellos kaibiles vestidos de civil.El caso fue llevado por la Asociación Familiares de detenidos-desaparecidos deGuatemala (FAMDEGUA) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, endonde el Estado reconoció su responsabilidad institucional por la matanza.Aún no se cuenta con una sentencia ejecutoriada, en vista de que 5 de los militaresacusados pretenden acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobadamediante Decreto 145-96 del Congreso de la República. Leyes como ésta, así comootras leyes “de perdón” o amnistía, no tienen ningún efecto de acuerdo al Estatutode Roma sobre la Corte Penal Internacional; sin embargo, dicho Estatuto fueadoptado con posterioridad y en todo caso, el Estado de Guatemala es únicamentesignatario, aún no lo ha aprobado ni ratificado. Además, los militares implicados haninterpuesto alrededor de 12 amparos que mantienen “entrampado” el proceso.Otro caso muy renombrado es el de Arnoldo Noriega, quien participó en la guerrillay llegó a ser miembro de la Comisión para la Paz. Noriega fue conviviente deNorma Cruz y abusó sexualmente y en forma reiterada de su hijastra menor de edadClaudia, durante el tiempo de su convivencia. Noriega fue condenado después deun proceso entablado por la madre de Claudia.Tuvieron participación directa varias organizaciones de mujeres como la UniónNacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y la Agrupación de Mujeres TierraViva. El grupo familiar de Norma Cruz, ha tenido tratamiento terapéutico y tantoella como Claudia crearon la Fundación Sobrevivientes, en apoyo a las víctimas dedelitos sexuales y violencia.Cobró importancia internacional el caso sobre el asesinato de la antropólogaMyrna Mack en 1990, que gracias al empeño de Helen Mack, hermana de la profesionalejecutada y a los arduos esfuerzos realizados por su equipo de trabajo que durantedos años y medio trabajaron para lograr la condena del sargento mayor Noelde Jesús Beteta Álvarez como autor material del crimen y el juicio abierto en contrade sus superiores. Esto hizo evidente la participación del Ejército guatemalteco en laperpetración de este tipo de crímenes y fue el punto de partida en la lucha contrala impunidad, desarrollando diversas acciones que abrieron importante brecha en lalucha contra la impunidad en Guatemala.Actualmente se ha iniciado ante la Corte de España un proceso por el delitos relacionadoscon la quema de la embajada de España, ejecución Extrajudicial y Genocidioiniciado por el Gobierno de España y las organizaciones Fundación RigobertaMenchú Tum y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en contrade varios militares: General Oscar Humberto Mejía Víctores, General Benedicto LucasGarcía, General Romeo Lucas García, General Chupina Maldonado y GeneralEfraín Ríos Montt.Se ha iniciado bajo el principio de “jurisdicción universal de los derechos huma-115