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mujeres y conflicto armado en colombia16ha contribuido a empeorar su situación de seguridad por la creciente militarizaciónde la vida civil y por la fuerte presión de los diferentes actores armados –el Ejércitoincluido– para involucrarla en el conflicto” 11 .Esta política no ha representado mayor seguridad en las vidas de mujeres, jóvenesy niñas. Por el contrario, la implementación de la política de seguridad democráticaha vulnerado sus derechos, ha fragmentado el tejido social por el miedo y la desconfianzaque se instalan en las comunidades, ha estigmatizado las organizaciones demujeres en diversas regiones del país y ha aumentado la violencia sexual.A finales de 2002, el Gobierno inició un proceso de negociación con los gruposparamilitares, para lo cual ha adoptado un marco normativo que incluye, entreotros, el decreto que reglamenta el actual proceso de desmovilización 12 , la ley conocidacomo “de justicia y paz” 13 y el decreto que reglamenta dicha ley 14 .“El marco jurídico establecido para regular el proceso de desmovilización ha sidomuy criticado por las organizaciones nacionales e internacionales de derechoshumanos, así como por organismos internacionales como la Oficina del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que consideran que nocumple las normas internacionales relativas al derecho de las víctimas a la verdad,a la justicia y a la reparación, y que exacerba el problema endémico de la impunidaden Colombia” 15 .Este proceso de desmovilización, con el marco normativo que lo sustenta, lejosde desmantelar los grupos paramilitares, ha conducido al país hacia la institucionalizacióndel paramilitarismo; ha favorecido y prolongado la impunidad en tanto nopermite el esclarecimiento de la responsabilidad del Estado colombiano, sus FuerzasArmadas y otros sectores del país en los orígenes y desarrollo de los grupos paramilitares;y no garantiza el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparaciónintegral 16 .Por otra parte, durante los últimos años, los avances logrados con la ConstituciónPolítica de 1991, que buscaban garantizar los derechos humanos de la población,11Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”, Cuarto Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres,jóvenes y niñas en Colombia, Bogotá, 2004. http://www.mujeryconflictoarmado.org12Decreto 128 de 2003, “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por laLey 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil”.13Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de gruposarmados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paznacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.14Decreto 3391 de 2006. [Reglamentario de la ley 975 de 2005][27/10/2006].15Amnistía Internacional, Colombia. Temor e intimidación. Los peligros del trabajo por los derechoshumanos, 7 de septiembre de 2006, AMR 23/033/2006, en http://web.amnesty.org/library/Index/ESLA-MR230332006.16Ver: http://www.mujeryconflictoarmado.org