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mujeres y conflicto armado en colombia22Desde la promulgación del decreto 3398 de 1965 y posteriormente la ley 48 de1968, el gobierno ha facilitado la creación, consolidación y crecimiento de los gruposde autodefensa, alegando el derecho de los propietarios a defender sus tierras ypropiedades, así como su libertad, de “la guerrilla”. Pero las acciones no han estadonunca dirigidas de manera exclusiva a defenderse y atacar a los “alzados en armas”,sino que la estigmatización de la población que habita zonas de influencia guerrillera,implica acusar de “simpatizantes” a los defensores de los derechos humanos, losdirigentes campesinos, los sindicalistas, otros activistas sociales y las comunidadesciviles que viven en zonas de presencia guerrillera a las que se considera de importanciamilitar o económica.En los años 80, la promoción de estructuras paramilitares por parte de las FuerzasArmadas, fue cada vez más respaldada por las élites económicas locales, incluidoslos terratenientes tradicionales y los narcotraficantes que lavaban dólares mediantela adquisición de tierras. La preocupación porque los acuerdos de paz promovidospor Betancur, significaran reformas agrarias o socioeconómicas, fortaleció la alianzaentre las élites económicas tradicionales y las Fuerzas Armadas, y favoreció el desarrollode estructuras paramilitares que actuaban con la connivencia de las FuerzasArmadas.Hacia 1986, los grupos paramilitares, unos agrupados bajo la sigla MAS (Muertea secuestradores) y otros con otras denominaciones, actuaban con total libertady gran fortaleza militar en Antioquia, Boyacá, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca,Meta, Putumayo y Santander.Si bien durante 1989 se suspendió el Decreto 3398 y Barco promulgó el Decreto1194, que tipificaba como delito la promoción, la financiación y la pertenencia agrupos paramilitares, ello no significó la desaparición de dichos grupos, sino másbien su crecimiento, favorecido por la decisión de los gobiernos de no castigar a losmilitares involucrados con ellos.A principios de los años 90 existían numerosos grupos paramilitares, vinculadosal ejército, a los narcotraficantes, a los terratenientes y a figuras políticas y empresaslocales, actuando en numerosas partes del país. En 1997, Carlos y Vicente Castaño–dirigentes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que constituyeronel primer intento de agrupar a los diferentes grupos– crearon las AutodefensasUnidas de Colombia (AUC), que reunieron bajo un solo mando a la mayoríade los grupos paramilitares del país.En diciembre de 2002 las AUC se comprometieron a un cese de hostilidadescomo requisito del gobierno para iniciar las conversaciones de paz. En consecuenciael gobierno nacional firmó el 15 de julio de 2003 los “Acuerdos de Santafé de Ralitopara contribuir a la paz en Colombia” con representantes de estas organizaciones;en ellos las AUC se responsabilizaban de desmovilizar gradualmente la totalidad desus miembros hasta el 31 de diciembre de 2005.El 3 de noviembre de 2003, el Alto Comisionado para la Paz anunció oficialmen-