Untitled - Sidoc

I PARTEadquiridas por los cambios de hábitos y la debilidad inmunológica que implica unasituación de crisis. El maltrato al que se ven expuestas en los centros de atenciónmédica y el no suministro de la medicación es una constante. A esto se suma la descompensaciónde su economía por los gastos de transporte para acudir a los centrosde salud ubicados muy lejos de sus actuales lugares de residencia, o bien tienen quedejar a los niños y niñas con las personas que conviven.Derecho a la viviendaEl derecho a la vivienda de las maestras se vulnera como consecuencia del abandonode sus propiedades o por no pagar los créditos de adquisición de viviendadebido al desplazamiento forzoso y la grave situación económica por la que atraviesan.De otra parte, la ausencia de ingresos económicos regulares –como el querecibían por su labor como educadoras–, hace que las docentes en situación dedesplazamiento accedan solamente a viviendas precarias, en zonas de invasión y dealto riesgo, y estén sujetas al desplazamiento intra e interurbano como consecuenciadel control militar que ejercen en las ciudades los actores armados.A pesar de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia dederechos humanos y derechos de las mujeres, el gobierno nacional ha hecho casoomiso de éstas y de las recomendaciones de la Relatora Especial de las NacionesUnidas sobre Violencia contra la Mujer, quien en el año 2001 le demandó:Que intensifique sus esfuerzos para proteger a la mujer contra la violencia basadaen el género. Con miras a eliminar este tipo de violencia, tanto los aspectoslegislativos como otros aspectos del problema, deberán incorporarse en medidasque adopte el Estado. El Estado debería actuar con la debida diligencia y mejorarlas estructuras institucionales para resolver el problema de la violencia basadaen el género [...]aplicar plenamente las recomendaciones formuladas por el Representantedel Secretario General de las Naciones Unidas sobre los desplazadosinternos al Gobierno de Colombia y a los grupos armados de este país, entre lascuales figura la atención especial que se debe prestar a las necesidades específicasde la mujer y los niños, quienes constituyen la mayoría de la poblacióndesplazada. El Estado debería adoptar medidas eficaces para garantizar que losintereses específicos en materia de seguridad de las mujeres y las niñas desplazadaspor el conflicto sean atendidos, incluso mediante medidas contra la violacióny la trata 71 .4571Tribuna Nacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Argumentación socio jurídica casode Maestras Desplazadas. Diana Teresa Sierra. Bogotá, 29 y 30 de junio de 2005.