ESCALANDO INNOVACIONES RURALES

LA EXPERIENCIA DE LAS “SOCIEDADES DE INVERSIÓN RURAL”
4. INCENTIVOS DE MERCADO PARA EXPANDIR LAS INVERSIONES RESPONSABLES
A RIESGO COMPARTIDO
El mercado fi nanciero boliviano está regulado por una autoridad pública que supervisa
la constitución y el funcionamiento de los operadores de intermediación fi nanciera de
las operaciones de ahorro y créditos, así como las inversiones en el mercado de valores
y la oferta de seguros.
Como se ha mencionado, el proyecto de investigación/acción —medida apoyada por el
PEIR en Bolivia— analizó, dentro de los talleres participativos, las limitaciones de los
servicios fi nancieros destinados al apoyo de las actividades productivas de la población
rural, y las unidades dedicadas a la transformación y comercialización de estos bienes.
Por otra parte, la investigación constató la existencia de una demanda importante de
inversiones de riesgo compartido en el altiplano y valles de Bolivia —espacios donde se
concentra la mayor parte de la población pobre de auto identifi cación étnica quechua y
aimara— y verifi có las limitaciones legales para expandir el servicio de inversiones de
capital, a través de diferentes instrumentos y operadores del mercado de valores para las
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Como resultado de ese análisis, la
investigación —fi nanciada por el PEIR— formuló una propuesta de incentivo de mercado,
que permite expandir las inversiones de capital para las MIPYMES que no cuentan
con califi cación de riesgo por parte de las instituciones fi nancieras especializadas.
Este incentivo permitiría expandir el acceso a capitales, a través del mercado de valores
para unidades económicas empresariales de diferente naturaleza jurídica, unidades familiares
y personas colectivas existentes en la diversa sociedad boliviana. La propuesta
es una norma para regular la constitución de una nueva generación de entidades especializadas
en la realización de inversiones responsables con riesgo compartido.
Esta norma distingue y promueve dos grupos de entidades, como pares indispensables
para una nueva lógica de desarrollo rural sostenible: las STR, que se forjan como unidades
económicas que vinculan a los productores de insumos agropecuarios con los proveedores
de servicios, transforman bienes de origen rural y se vinculan con mercados
locales o externos para realizar sus productos; y, las «sociedades de inversión para el desarrollo
(SID)», que realizan inversiones en las STR y responden por la administración
de estas inversiones ante los inversionistas, público en general que confía sus recursos,
y ante la autoridad de regulación del sistema fi nanciero que las fi scaliza y garantiza una
adecuada y transparente administración de los recursos fi nancieros.
La norma ofrecida por el proyecto, como un incentivo de mercado, es universal y permite
superar la ausencia de un adecuado marco legal. Con ella, se busca captar recursos
fi nancieros —en el mercado de valores o en el sistema fi nanciero— para invertirlos,
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