Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

la finalización de la producción y comercio ilegalizados, un absurdo que debería, al menos teóricamente,
llamar a muchas reflexiones en el gobierno de Washington.
En este orden de ideas, el más bajo en la escala del negocio ilegal como traficante, la mula, el mensajero o en
inglés bag men (quien transporta alijos de sustancias ilegalizadas de aeropuerto a aeropuerto), es el
desposeído que no puede servir de informante pues no conoce a nadie que valga la pena delatar, siendo su
captura y prisión expuestas mediáticamente como ‘ejemplarizantes’. Así mismo se debe advertir como todas
las piezas de la persecución confluyen a ser organizadas de esta manera, puesto que en casi todas partes del
mundo occidental en sus policías se incluyen a agentes de la DEA en actuaciones represivas, teniendo
preponderancia frente a los cuerpos de seguridad locales. Prerrogativas irrenunciables de quien pone el
dinero.
Pero no todo el panorama es de felicidad para agentes, espías, delatores e informantes, sino recordemos el
caso de Manuel Antonio Noriega, quien poseía inexplicablemente tres calidades de agente (CIA, DEA y NSA) y
terminó encarcelado como el peor reo, por el supremo crimen de traicionar a sus mentores. El costo lo
pagaron en diciembre de 1989 miles de habitantes del Barrio el Chorrillo y otros lugares de Ciudad de
Panamá bombardeados y tiroteados, junto con la dignidad de la nación panameña.
Noriega deja en evidencia como el asunto del tener que actuar como delincuentes para saber de su actividad
implica una convivencia y una inmersión dentro de las actividades pretendidamente perseguidas, dejando
paso sencillamente a una cooperación de propósitos manipulables en favor del actor más poderoso. Siempre
dejando lucro económico, como mínimo para los actores inmediatos a la conducta perseguida. La corrupción
resultante es evidente a todos los niveles alimentando las posibilidades de extorsión por parte de quienes
poseen el poder y el panorama completo de las relaciones políticas.
Aspecto reflejante de esto de manera específica es la existencia de las denominadas ‘entregas vigiladas’ y
‘entregas controladas’ de cargamentos prohibidos. Las primeras significan el seguimiento de las conductas
de traficantes en el transporte del contrabando, por todo su recorrido hasta llegar a su destino final donde
supuestamente deben ser aprendidos aquellos; las segundas involucran actuaciones de agentes del
respectivo cuerpo persecutor obrando plenamente como traficantes para, hipotéticamente al menos, hacer
incurrir en el delito a otros participantes en la cadena criminal. La primera forma hace parte de las opciones
permitidas en la Convención de Viena sobre psicoactivos de 1988 (Convención de las Naciones Unidas Contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de por sí prolongación de la política de EE.UU.
al respecto), mientras la segunda procede directamente de imposiciones de agencias imperiales a países
periféricos. Esta última es la acción fundamental facilitante los operaciones clandestinas de gobiernos y
entes de espionaje en América Latina, como en el escándalo Irán-Contras mencionado.
Se alega al respecto que la DEA posee suficientes mecanismos de control a fin de evitar incurrir en conductas
criminales y que su organización es incorruptible. No obstante, existen glamorosos casos de corrupción
dentro de cargos importantes de la agencia como el del agente de alto nivel Edward K. O’Brien[12],
arrestado por sus propios pares en posesión para la distribución de una buena cantidad de sustancia ilícita
en los propios Estado Unidos en 1988. Así mismo hallamos el caso denunciado de corrupción generalizada
dentro de la propia DEA y lazos con despiadadas bandas armadas derechistas en la sede en Bogotá en
2004[13], hasta la fecha sin consecuencias notables. Y en caso de otras instituciones del gobierno de
Washington, resalta la condena por encubrimiento de tráfico ilegal respecto de su cónyuge y la utilización de
la valija diplomática para tales efectos, del agregado militar de la embajada de EE.UU. en Colombia coronel
James Hiett en el año 2000[14], una causa judicial ostentosamente bochornosa.
Retomando el aspecto de la necesidad de una agencia contra el contrabando de sustancias ilegalizadas, es
indispensable para tal efecto que la DEA no se enfrente a meros traficantes aislados e insignificantes,
incapaces de oponérsele con éxito. Una delincuencia de magnitud debe ser la justificadora del abultado
gasto y el enmarañado sigilo. ¿Y cuál es oponente de parte del delito enfrentado a la organización represiva