Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
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Jueves, 6 de septiembre de <strong>2012</strong><br />
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/<strong>2012</strong>/09/120905_honduras_ciudades_modelo_privadas_yv.shtml<br />
Las ciudades modelos serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma. (foto<br />
de archivo)<br />
Será un territorio con sus propias leyes, su sistema tributario, su política de inmigración y su policía. Será una<br />
especie de isla dentro de un país soberano. Se llamará "ciudad modelo". Y quedará en Honduras.<br />
Este martes, el gobierno de esa nación le dio luz verde al polémico proyecto, con que espera impulsar el<br />
desarrollo.<br />
Para ello firmó el memorándum de entendimiento, que servirá de marco para la creación de la primera de<br />
tales ciudades, en un lugar todavía no definido.<br />
Sus críticos hablan de nada menos que de privatización del suelo hondureño: las ciudades modelos serán<br />
construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma.<br />
Sus defensores desmienten esta versión.<br />
"El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones<br />
exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio", dijo el presidente del Congreso,<br />
Juan Orlando Hernández.<br />
De qué se trata<br />
"El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones<br />
exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio"<br />
Juan Orlando Hernández - presidente del Congreso nacional de Honduras<br />
En efecto, la jurisdicción de Honduras sobre la "ciudad modelo" abarcaría muy poco fuera de estos dos<br />
campos. Lo otro que quedará "sujeto al gobierno nacional" son "los temas electorales y emisión de<br />
documentos de identidad y pasaporte".<br />
Más allá de eso, la ciudad modelo o Región Especial de Desarrollo (como se llama en los documentos<br />
oficiales) será, para algunos, como un país creado dentro de otro país.<br />
El estatuto y las leyes que la regirán, así como los convenios que firmen, deberán ser refrendados por el<br />
gobierno de Honduras. Es lo que consta en la reforma Constitucional de 2011, que fue necesaria para allanar<br />
el camino al polémico proyecto.<br />
Pero una vez establecido este marco legal, la ciudad quedará a sus anchas para gobernarse, administrarse,<br />
firmar tratados, establecer su propia política monetaria, crear órganos de aplicación de la ley (como<br />
tribunales y policía), hacer su presupuesto y hasta "contratar sus propias deudas internas o externas,<br />
siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras".<br />
La ciudad no tendrá que transferir recursos a Tegucigalpa como no sea para "financiar becas de estudio o en<br />
caso de catástrofes nacionales", según indicó la prensa local.<br />
A favor y en contra<br />
"(Las Regiones Especiales de Desarrollo) son entes creados con el propósito de acelerar la adopción de<br />
tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable,<br />
con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer<br />
aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la<br />
población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita<br />
una mejora real en las condiciones de vida de la región "<br />
Artículo 329, reforma Constitucional de Honduras<br />
Para el exfiscal de Defensa de la Constitución, Oscar Cruz, la verdadera catástrofe está en la autorización de<br />
un modelo que, en su opinión, constituye una "burla al Estado".<br />
Según Cruz, con éste "se cede parte del territorio nacional y la población adscrita sin ponerle límite ni en el<br />
número ni en la extensión".<br />
El exfiscal redactó el recurso de inconstitucionalidad contra las ciudades modelo, que actualmente cursa ante<br />
la Corte Suprema de Justicia.<br />
También el relator de Libertad de Expresión de la ONU, Frank la Rue, las considera "una violación a la<br />
soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los Derechos Humanos que tiene el Estado con la<br />
población en su territorio", según escribió en un informe tras una visita en agosto de este año.<br />
Otra fuente de debate es dónde serán construidas las polémicas ciudades. Organizaciones de defensa de los<br />
derechos de pueblos indígenas temen la expropiación de territorios para su establecimiento.