Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

Del sistema penitenciario guatemalteco sabemos que está formado por 22 centros; sabemos que sufre
hacinamiento, pero con niveles muy por debajo del de los sistemas hondureño y salvadoreño; sabemos que
incluye desde hace tiempo un sistema de granjas de rehabilitación; sabemos que en anteriores
administraciones fue utilizado por funcionarios para extraer a internos para que cometieran delitos en las
calles, al servicio de estamentos públicos y privados; sabemos que los policías acusados de asesinar a tres
diputados salvadoreños en 2006 fueron asesinados a su vez dentro de una cárcel, sin que nadie asumiera
responsabilidades. Esas son las referencias que tenemos, y así se lo decimos al director González. Para que
nos explique qué va a hacer para cambiar la imagen de un sistema penitenciario en crisis. Él, fiel a su rol de
hombre de pensamiento académico, nos habla una y otra vez de rehabilitación, de oportunidades, de diálogo
con los privados de libertad.
Parece ser también un hombre que confía relativamente rápido en la buena voluntad de las personas: confía
ciegamente en los presos de Pavoncito y permite que gobiernen su propia cárcel modelo; confía en que es
mejor agrupar a los pandilleros en cárceles exclusivas para cada pandilla porque ellos mismos le dijeron que
así podrían rehabilitarse mejor; y confía en que el 70% de los pandilleros de Guatemala desea abandonar el
mundo de violencia que llevan tatuado, como confía en que este gobierno, en los próximos cuatro años, será
capaz de reducir a cero el hacinamiento de sus penales y acabar con su negra historia reciente de descontrol
y masacres.
¿Qué encontró usted en el sistema penitenciario?
Una infraestructura colapsada, con capacidad para 6,492 privados de libertad y que ahorita alberga a
14,138. Eso supone un 112 o 113 por cien de hacinamiento, lo que genera desorden e indisciplina entre los
privados de libertad. Faltó visión. Si hace 25 o 30 años alguien hubiera tenido visión de futuro ahora no
estaríamos así. También encontramos un alto grado de corrupción, tanto administrativa como entre los
internos, porque a causa del hacinamiento las necesidades de los privados de libertad son mayores, y eso
lleva a que más personal caiga en la corrupción.
¿Se atreve a darnos un porcentaje de penetración de la corrupción entre los funcionarios de centros penales?
Hemos descubierto a funcionarios vendiendo a los privados de libertad medicinas que son propiedad del
Estado. Pero esos funcionarios ya fueron dados de baja y procesados.
¿Pero qué porcentaje del personal estima que no es confiable? ¿Un 60%? ¿Un 80%?
No, estamos hablando de un 20%. Hacemos un trabajo constante para descubrir ese tipo de casos. Pero
también tenemos otro problema, que es el grado de extorsión que existe de privados de libertad hacia otros
privados de libertad. Cada persona que ingresa es sometida a cobros ilegales por parte de otros internos. Y
eso es extorsión.
¿Y cómo pretenden acabar con eso, si no pueden garantizar la seguridad de los internos frente a ataques de
otros internos?
Evaluamos y analizamos constantemente la situación de cada centro, a través de procedimientos de
inteligencia encaminados a descubrir los roles que cumplen esos privados de libertad que creen tener el
poder de los centros. Hemos atacado esas estructuras. Pero es como si usted corta un árbol y de inmediato
ahí viene el retoño.
¿Esas estructuras creen tener el poder, como usted dice, o realmente lo tienen?