Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

elevancia: en 2010 ya explicaba el 6,2% de las ventas externas de Argentina y superaba al resto de los
metales exportados.
Por supuesto, el auge de la actividad se explica por la positiva trayectoria del precio internacional del oro
(que aumentó 351% entre 2001 y 2010) y del cobre (que se incrementó 378% en el mismo período). En el
primer caso, el alza se debe básicamente a la especulación y la inversión financiera; en el segundo, es
consecuencia principalmente de la demanda asiática.
La legislación minera
Al igual que el precio internacional de los minerales, las condiciones establecidas por el marco normativo y
regulatorio jugaron un papel clave para el fenomenal desempeño de la actividad minera en el país.
La sanción, en abril de 1993, de la Ley de Inversiones Mineras introdujo numerosos beneficios especiales:
estabilidad fiscal por 30 años; exención impositiva para la importación de bienes de capital, insumos y
equipos; un régimen especial de amortización acelerada para las inversiones en exploración y las inversiones
de capital; y un máximo de 3% (sobre el valor boca mina) para el cobro de regalías. En tanto, las reformas
para la adaptación del Código de Minería a la explotación a gran escala se complementaron con las ya
introducidas por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura.
Además de estas condiciones beneficiosas, otro de los pilares de la reforma fue el papel otorgado a las
provincias en las tareas de administración y regulación de la actividad. Con el objetivo de promover el
desarrollo sectorial y afianzar el papel de los gobiernos provinciales, en mayo de 1993 se celebró el Acuerdo
Federal Minero. Entre otros temas, las provincias acordaron homogeneizar los procedimientos mineros
profundizando el proceso de descentralización como modelo de gestión. Como parte sustancial del nuevo
modelo, la reforma constitucional de 1994 confirmó, a través del artículo 124, la potestad de las provincias
sobre el dominio originario de los recursos naturales en su territorio. En la misma línea, la Ley de Protección
Ambiental para la Actividad Minera, sancionada en noviembre de 1995, delegó en los estados provinciales la
protección del ambiente y la conservación del patrimonio cultural que pudiera ser afectado por la actividad.
En conjunto, estas medidas concretaron el desplazamiento del centro de decisión sobre los recursos
naturales –patrimonio de todo el pueblo argentino– hacia cada una de las provincias. Esta fragmentación de
la política pública respecto de la explotación de los recursos naturales no renovables limitó notablemente el
poder de negociación del Estado frente al capital transnacional. Así, las corporaciones mineras encontraron
condiciones más que favorables para conducir el rumbo de la actividad y diseñar su perfil productivo en base
a la lógica de maximización del beneficio.
La renta del sector
Como señalamos, las dos oleadas de inversiones mineras empujaron el auge de la actividad, cada una de
ellas con un emprendimiento emblemático. En la actualidad, Minera Alumbrera y Minera Argentina Gold se
posicionan como las principales empresas del sector.
Asentada en la provincia de San Juan, Minera Argentina Gold inició sus operaciones en 2006 en el marco del
proyecto aurífero Veladero. Durante los cinco primeros años de actividad la renta alcanzó los 1.296 millones
de pesos. Una primera aproximación a su distribución permite resaltar el contraste existente entre la
apropiación privada y la participación pública. Entre 2006 y 2010, la empresa retuvo el 64% de la renta,
mientras que los ingresos capturados por el Estado Nacional, vía impuestos, llegaron a menos de la mitad
(30% del total). A su vez, como consecuencia de la legislación vigente, los ingresos directos percibidos por la
explotación de los recursos naturales no renovables ubicados en su territorio representan, para la provincia
de San Juan, casi la única vía de recaudación. Sin embargo, los mismos alcanzaron a explicar apenas el 6% de
la renta total de la empresa.
Pero la participación pública en la renta aurífera no presenta un comportamiento homogéneo durante los
años analizados. Como consecuencia de los privilegios otorgados a las empresas, entre 2006 y 2009 el Estado
alcanzó a capturar, vía impuestos, apenas el 14% de la renta total, mientras que las regalías provinciales
llegaron a 7%. En este período Minera Argentina Gold capturó el 79% de la renta. En 2010, la performance
productiva de la empresa impulsó un notable incremento de la renta. En ese marco, el incremento de la tasa
efectiva del impuesto a las ganancias mejoró la participación del Estado Nacional, que llegó al 41% del total.