Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

órgano del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). La Sala de lo Constitucional inmediatamente hizo
hincapié en que para ella la CCJ no tenía ninguna competencia en asuntos constitucionales salvadoreños.
Pero la CCJ admitió el recurso y dictaminó que provisionalmente, hasta su sentencia definitiva, esperada para
este mes de agosto, es vigente la elección de la generación 2012. La respuesta fue un coro de rabia, desde la
Sala hasta la “sociedad civil” señalaron que nadie está por encima de la constitución salvadoreña. Un
disparate, como subrayó el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana. Por ejemplo, la constitución salvadoreña
prohíbe tajantemente una modificación territorial del país, pero en 1992 El Salvador aceptó el fallo de la
Corte Internacional de Justicia de La Haya que le concedió a Honduras varios terrenos hasta entonces
salvadoreños. Ni hablar del tratado de libre comercio con los EE.UU. y su CIADI, el tribunal del Banco Mundial
al servicio de los inversionistas extranjeros contra los estados y los pueblos. Varios estados ya fueron
condenados por el CIADI a gigantescas multas por haber intentado proteger su población de las prácticas
destructoras de la salud y del medio ambiente, bienes supuestamente protegidos por las constituciones.
Por otro lado, el país ha firmado el estatuto de la CCJ y con esto su artículo 22, párrafo f, que dice: “La
competencia de La Corte será: Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir
entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos
judiciales”.
La Sala insiste en sus sentencias y la mayoría del parlamento en la sentencia provisional de la CCJ. (El FMLN
siempre ha dejado claro que acatará la sentencia de la CCJ, le sea o no favorable).
Antes de terminar su presidencia el 16 de julio, Belarmino Jaime nombró como sucesor interino a Florentín
Meléndez. Un “nombramiento” ilegal, el respectivo artículo 2 del estatuto de la CSJ dice que el presidente
puede nombrar un sustituto en caso de ausencia suya, pero no que puede nombrar a su sucesor, esta es una
competencia exclusiva de la AL, según la Constitución. A la pregunta, porqué él ahora sería presidente de la
CSJ cuando el pleno de la misma Corte Suprema había prohibido una medida similar en ocasión de la crisis de
justicia del 2009 –el primer suplente hubiese debido suceder al presidente saliente– Meléndez respondió:
“Hicimos una interpretación del artículo 2 de la Ley Orgánica Judicial. Yo fui designado como primer vocal de
la Sala de lo Constitucional, por lo tanto me correspondía asumir la presidencia en funciones de manera
temporal” (LPG, 20.7.12). Una clara magulla interpretativa.
Esta situación ha conllevado a que desde el 1 de Julio haya “dos Cortes Supremas”, de las cuales, la vieja
logra establecer el quórum legal mínimo solamente con otra proeza de magia interpretativa. Es que la Sala,
cuando invalidó las elecciones 2006 y 2012, en su muy conocida “coherencia”, decidió que los magistrados
del 2006 (todos de la derecha), se quedaran en sus cargos (supuestamente, según la misma corte,
anticonstitucionales) hasta que la AL proceda a reelegir la tanda del 2006. Pero la tanda 2006, muy ofendida,
participa ahora en la nueva CSJ. No obstante, esta jugada permite a la Sala vieja de convocar a suplentes de
algunos magistrados que ya no acuden a la Sala vieja, bien sea por oposición a ella, o por haber terminado
su período de 9 años. Suplentes éstos que ya no sustituyen a nadie o a magistrad@s que sí participan, pero
bajo el liderazgo de la nueva presidencia de la Corte. En definitiva, el “estado de derecho” como torre de
Babel. Bien precavida, la vieja Sala hizo honor a su ilimitado arte interpretativo, al autonombrarse en una de
sus sentencias del 5 de junio de 2012 como Corte Constitucional, lo que implica que tendrá “competencia”
para declarar nuevos contenidos constitucionales (LPG, 9.6.12).
Movilizaciones de derecha y de izquierda
Para posibilitar la primera reunión formal de la nueva CSJ, las fracciones parlamentarias (excepto la de
ARENA) cambiaron la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de un decreto transitorio válido hasta finales
de julio, de manera que una mayoría de las y los magistrados pueden convocar a una sesión plenaria de la
Corte, facultad hasta ahora reservada al presidente de la CSJ. Jaime, sabiéndose en minoría, simplemente
había dejado de convocar la Corte en pleno. En esta circunstancia, también el presidente Funes le provocó