Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

tradicional centro de la vida política boliviana, se encontraron con la dura pared de los agentes de la policía
antidisturbios, lo que desató una indignación general que derivó en choques violentos aunque naturalmente
desiguales y, al rato, en una represión feroz que se extendió durante dos horas e incluyó golpes a los
manifestantes, gases lacrimógenos y descargas eléctricas aplicadas al metal de las sillas de ruedas.
El 30 de septiembre de 2010, en Quito, un sector de la tropa de la Policía Nacional inició una huelga en
protesta por la sanción de una ley que los afectaba. Los policías cortaron rutas, cerraron los ingresos al
Parlamento y lograron sumar a efectivos de la Fuerza Aérea que bloquearon la pista del aeropuerto
internacional. Rafael Correa se trasladó al cuartel policial para intentar convencer a los rebeldes, pero fue
herido e internado en un hospital cercano. Al rato, el hospital fue rodeado por cientos de policías que dejaron
al presidente virtualmente secuestrado. En lo que ya todos calificaban como un intento –desarticulado y
desprolijo pero intento al fin– de golpe de Estado, Correa declaró el estado de excepción y pidió un salvataje.
Lo rescató el Ejército tras veinte minutos de tiroteo transmitido en vivo por la televisión.
El 4 de febrero, pocos días antes del inicio del carnaval, un tercio de los 30 mil policías del estado brasileño de
Bahía iniciaron una huelga en reclamo de una ley que garantice un piso salarial para los integrantes de las
fuerzas de seguridad de todo el país. Con los líderes atrincherados durante días nada menos que en la sede
de la asamblea estadual, la huelga produjo la paralización temporal de la actividad turística, saqueos
dispersos y una ola de asesinatos (al parecer, las bandas narcos aprovecharon el vacío y en tres días hubo
139 muertos). Ante el inicio de un paro similar en Río de Janeiro, Dilma Rousseff asumió el tema como un
problema nacional y lanzó –nunca dejaremos de sorprendernos por la influencia de la industria del
espectáculo estadounidense a la hora de titular– un operativo al que llamó “La ley y el orden”. La presión
convenció a los policías rebeldes.
Seguridad y defensa
Como en su momento la militar, la “cuestión policial” es uno de los grandes problemas de América Latina, y
Argentina no es la excepción. Lo vimos en los últimos días, con las huelgas de las policías de Chubut y Santa
Cruz, pero también con los casos de represión fatal en Bariloche, Jujuy y Neuquén. Y ello sin mencionar el
problema más grave de todos, el de la policía bonaerense, con episodios de homicidios dudosos, abusos y
torturas registrados todos los años. Si se piensa bien, la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires
ha sido una de las más erráticas y peligrosas de todas las implementadas desde el retorno de la democracia,
tal como revela el simple recuento de los ministros: de Alberto Piotti a León Arslanian, de ahí a ¡Aldo Rico! y
luego a Juan José Alvarez y Juan Pablo Cafiero, para volver de nuevo a Arslanian, hasta llegar a Carlos
Stornelli y Ricardo Casal.
Lo notable, en esta mezcolanza cacofónica de nombres y políticas, es la incapacidad que ha demostrado el
progresismo para elaborar una propuesta seria en un área que apenas se asoma a una crisis se desliza
inevitablemente hacia la derecha, hacia lo que los especialistas definen como “populismo penal”. La
explicación tal vez pase por la relación tensa que las corrientes que promueven el cambio social siempre han
establecido con la idea de orden y por la creencia, propia de un izquierdismo naif, de que la violencia
delincuencial es un producto automático de la pobreza (y que por lo tanto hasta que no se resuelva la
segunda no tiene mucho sentido ocuparse de la primera). Y, también, claro, por los recuerdos del accionar de
las fuerzas represivas durante las dictaduras. El resultado, en todo caso, es que existen muy pocos expertos
que realmente conozcan el tema y puedan mostrar experiencia acumulada desde un enfoque diferente al
manodurismo hegemónico: solo algunos especialistas, como Arslanian, Marcelo Sain o Nilda Garré, y un
puñado de instituciones entre las que sobresale el CELS.
La consecuencia de esta desidia progresista es que las fuerzas de seguridad permanecen como uno de los
pocos núcleos de poder corporativo intocados. En las últimas tres décadas, con mejores o peores intenciones
y resultados, el poder político, es decir el poder democráticamente elegido, ha enfocado su ánimo reformista
a la justicia, la Iglesia, los empresarios, los medios y, por supuesto, los militares. Pero la policía, como el
sindicalismo, ha logrado mantenerse asombrosamente a salvo.
Y es curioso, pues Argentina cuenta con algunas ventajas ausentes en otros países de la región, la más
importante de las cuales es la limitación impuesta a la función militar (1). En efecto, la crueldad de la última
dictadura y el derrumbe pos Malvinas posibilitaron un proceso de revisión profunda del rol de los militares,
que incluyó juicios en tribunales penales, el control civil de la política de defensa y el hecho inédito de que, a