Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

certificados de escolaridad y vacunación de los hijos). El primer plan –Jefas y Jefes de Hogar– lanzado
durante el gobierno de Eduardo Duhalde, llegó a cubrir, en mayo de 2002, a 2.200.000 personas, y luego se
complementó con el Plan Familias, que diferenció los importes en función del número de hijos. La idea clave
acá era que la pobreza tiene un claro componente en la falta de ingresos y que el Estado debe capitalizar a
los sectores más pobres.
Esta primera etapa de política social se diseñó con el objetivo de salir de los programas focalizados de la
década anterior buscando la masividad. El concepto clave aquí es que la pobreza es un tema de mayorías y
que el Estado tiene que asistir en lo más básico: ayudar a ingresar al mercado laboral y generar una base
económica para los más pobres. Esto implicó una mejora respecto del período anterior, al incorporar
también la ampliación de la cobertura jubilatoria; pero no terminó de definir un cambio estructural.
La segunda etapa está decididamente marcada por la puesta en marcha, en diciembre de 2009, de la
Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la inversión social más grande, en términos relativos, de
América Latina, pero también supone un cambio conceptual: es el primer modelo de política social que busca
equiparar los derechos de los hijos de los trabajadores formales con los de los informales, apuntando a que el
salario familiar se transforme en un derecho que les corresponda a todos los niños más allá de la posición
laboral que ocupan sus padres. Hoy están cubiertos 3.600.000 chicos, lo que representa una transferencia
anual de casi 12 mil millones de pesos.
Con un efecto redistributivo innegable, la AUH está orientada a la inclusión en términos educativos y de
salud. Y también genera un efecto económico en el consumo local, porque una persona que cobra 270 pesos
por mes por hijo compra en el almacén de la esquina, en el comercio cercano y con ello ayuda a dinamizar la
economía local. Así, se vinculan positivamente dos objetivos: se eleva la línea de ciudadanía (en el sentido de
que gran parte de la población arranca en un piso más alto en el nivel de ingresos) y se fomenta el consumo.
Además de la AUH, en esta etapa, que se desarrolla luego de la crisis económica 2008-2009, se puso en
marcha el programa Argentina Trabaja, que busca conformar cooperativas para personas desocupadas y
que amplió su cobertura hasta llegar a casi 200.000 personas.
A diferencia de la etapa anterior, aquí sí se produjo un giro conceptual en la política social en la medida en
que se universalizó una base de ingreso a través de la AUH. Aunque quedan varias cuestiones pendientes,
como la extensión de la AUH a los sectores excluidos y la sanción de una ley que la consolide, sin dudas se ha
creado un nuevo derecho para las familias pobres con hijos menores.
La tercera etapa, aún difusa, se desarrolló a partir de un conjunto de acciones que se consolidaron en los
últimos años: la construcción de una gran red de atención social por parte del Ministerio de Desarrollo Social,
la ampliación de las pensiones no contributivas, el crecimiento de los programas para inserción de jóvenes en
el Ministerio de Trabajo (lo más novedoso de todo) y la inclusión digital de los estudiantes secundarios a
través del Ministerio de Educación. En esta etapa, en consonancia con acciones en otras áreas de gobierno,
el foco se pone en la gestión de programas relacionados con la inclusión de los jóvenes.
La nueva estructura social
Pese a los avances de los últimos años, aún quedan muchas cuestiones pendientes. Antes de analizarlas, sin
embargo, es necesario revisar la nueva estructura social que se ha ido conformando en Argentina, sobre la
cual deben actuar las políticas sociales.
A diferencia de la sociedad de la década de 1970 (integrada y con movilidad social ascendente) y de 1990
(marcada por el surgimiento de los “nuevos pobres” y la movilidad descendente), la estructura social hoy
resulta difícil de caracterizar. Dentro de ella conviven al menos cuatro realidades diferentes.
En primer lugar, el sector de pobreza estructural. Concentrado en los grandes centros urbanos –y,
especialmente, en el Noroeste y Noreste y en el conurbano bonaerense–, se trata de un sector que no cubre
las necesidades mínimas, que transmite inter-generacionalmente la pobreza y que no está incorporado al
mundo del trabajo, aunque es sujeto de gran parte de las políticas sociales antes descriptas y de las mejoras
parciales en la infraestructura básica logradas en los últimos años. En comparación con los años 90, el
tamaño de este sector se ha reducido. Sin embargo, arrastra las mismas dificultades: el trabajo y la
educación no funcionan como vías para generar una movilidad social ascendente que garantice la inclusión
en el mundo del trabajo.