Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

social. Aunque desconozco en absoluto que es lo que se discute en los órganos de decisión del Ministerio del
Interior y de las fuerzas de orden público, este tipo de actuar no puede ser entendido más que bajo un
objetivo: el desarrollo de mecanismos de control que tienen como finalidad intimidar y neutralizar las
disidencias que se consideran peligrosas, y que cuestionan las políticas emanadas desde Carondelet. De
manera especial, en los ámbitos que tienen que ver con el cuestionamiento a un modelo de desarrollo
obsoleto que tiene más de doscientos años de antigüedad y que acentúa sus consecuencias negativas en los
países del Sur debido a su matriz extractivista.
Que triste para un gobierno que se llama revolucionario entender que sus mayores enemigos o la disidencia
más peligrosa para él es la que emana de los movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política…
Es precisamente esa lógica extractivista en los gobiernos autodenominados “socialistas” o de “izquierda”, el
eslabón que les engancha con los gobiernos anteriores, es decir, con los gobiernos neoliberales predecesores.
Más allá de que el neoextractivismo del siglo XXI, que no “socialismo”, pueda ejercer un margen mejor de
negociación económica con las transnacionales extractivas, las consecuencias ambientales, sociales,
políticas, culturales y económicas son las mismas. Y sus efectos en las lógicas autoritarias desarrolladas por
los Estados, también son similares.
Los 10 detenidos de Luluncoto fueron apresados en un operativo policial que se dio el pasado 3 de marzo,
precisamente cinco días antes de que arrancara la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos
que llegó a Quito el 22 de ese mismo mes entre multitudes. Los detenidos fueron vinculados a la Marcha, en
la medida en la que se habló de que conformaban un comando que iba realizar operaciones terroristas en
este contexto político. ¿Qué se buscó entonces? Pues es de suponer que la detención de los 10 de Luluncoto
podría tener que ver con generar una atmósfera de tensión en la ciudadanía del país en torno a la
intencionalidad de la Marcha por la Vida. Así se entiende el hecho de que una manifestación de descontento
frente a las políticas gubernamentales se la definió como desestabilizadora e incluso golpista en su
momento.
Si uno hace un análisis de los casos de criminalización de la protesta social en el país, llegará a la conclusión
de que estos se dan básicamente en las siguientes áreas temáticas: resistencia ante la intervención minera a
gran escala, rechazo a la expedición de la última ley minera (2009), disidencias respecto al proyecto oficial de
Ley de Aguas (2010), denuncias por la contaminación provocada por la minería de áridos y la pequeña
minería de metales, reclamos en defensa de derechos de los pueblos indígenas, defensa de los bosques de
manglar, lucha por la no privatización de espacios públicos y ancestrales, así como críticas al desarrollo de
megaproyectos hidroeléctricos.
A estos habría que sumar también los abusos en materia laboral y los atentados contra la libertad de
expresión.
En estos procesos se criminalizan indiferentemente individuos y organizaciones: desde líderes y dirigentes
sociales, pasando por autoridades públicas locales, hasta llegar a organizaciones sociales que defienden el
agua, la naturaleza o sus territorios. De la misma manera, han sido criminalizadas personas o familias que de
alguna manera obstaculizan la ejecución de determinados megaproyectos estatales.
En el ámbito judicial (penal y civil), se han producido una treintena de casos de criminalización cifrándose en
cerca de 200 las personas implicadas. Generalmente, las denuncias en el ámbito judicial y en el
administrativo involucran a varias personas y una vez avanzado el proceso terminan siendo implicados
también dirigentes y líderes sociales.
Toda esta situación anteriormente descrita, evidencia la inmensa contradicción existente en el actual
régimen, a la par que la mediocridad intelectual de algunas de las notables plumas del pensamiento de la
izquierda internacional que todavía siguen definiendo a este proceso político como modélico y ejemplar.
Personalmente me hago una pregunta: ¿cómo es posible que un gobierno que se considera progresista
pretenda controlar la movilización social?