Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

diferencia de lo que sigue sucediendo en países como Chile e incluso Brasil, donde el año pasado las fuerzas
armadas protestaron públicamente por la intención del gobierno de crear una comisión de la verdad, los
militares no desempeñan aquí ningún rol en la vida política. Ni siquiera en momentos de crisis.
Argentina es, junto a Costa Rica, uno de los pocos países de la región que diferencia claramente seguridad
(interior) de defensa (exterior), línea estratégica que ninguno de los gobiernos elegidos desde 1983 se ha
atrevido a modificar, lo que de paso sirve para confirmar que una política de Estado –entendiendo como tal
aquella que trasciende a un gobierno determinado y se torna más o menos permanente– no es una decisión
que la dirigencia política toma alrededor de una mesa, escribe en un papel y queda congelada para siempre,
sino el resultado de una cierta combinación de fuerzas políticas, equilibrios sociales, historia y cultura. Casi
siempre como producto de un trauma, una política de Estado nace cuando una fuerza hegemónica, en este
caso el alfonsinismo, impone una medida exitosa que luego es asumida como propia por el resto de los
partidos.
Mi tesis es que la frontera de hierro que separa seguridad de defensa constituye una conquista democrática
que, bien utilizada, podría funcionar como el eje político-conceptual para un proceso amplio de reforma
policial. Y, una vez más, alcanza con mirar al resto de la región para confirmar que la oportunidad es única.
En Brasil, por ejemplo, los militares ayudan a combatir el dengue, se ocupan de la seguridad en el carnaval y
hasta de una institución tan clásicamente civil como los bomberos. Pese a estas facultades ampliadas, la tasa
de homicidios en las favelas de Río o los barrios más pobres del Nordeste (más de 80 por cada 100 mil
habitantes) se acerca a la de países en situación de guerra civil. A veces, como en México, el tema se
complica por la superposición y el solapamiento: además del Ejército, que desde hace siete años incrementó
sus funciones en seguridad interna, existen en México 500 mil efectivos policiales divididos en ¡2.094!
cuerpos de policía diferentes.
Transversal
Hay diferentes formas de analizar las cuestiones pendientes en Argentina. Una posible es identificar focos de
problemas y especular sobre eventuales soluciones (como en el dossier incluido en esta edición). Otra,
complementaria de la anterior, es buscar ejes que crucen diferentes áreas y que permitan echar una luz más
horizontal sobre diversos aspectos. Una revisión rápida de la agenda periodística de los últimos meses
confirma que la cuestión del federalismo ha reaparecido, y en este sentido podríamos decir que el problema
de Argentina es hoy, entre otras cosas, jurisdiccional.
El conflicto con Mauricio Macri por el subte, la disputa con Daniel Scioli, los tironeos con Córdoba por las
jubilaciones… detrás de todos estos temas se encuentra la relación entre el Estado nacional y los estados
sub-nacionales. Pero incluso cuestiones menos evidentes exigen para su comprensión cabal un enfoque
federal. Un buen ejemplo es la reforma impositiva: en los últimos años, como señalan diversos estudios, la
presión fiscal nacional aumentó mucho más que la provincial, que además se ha venido concentrando en los
impuestos más regresivos (ingresos brutos y sellos) por sobre los progresivos (inmobiliario y patentes). Esto
ha creado situaciones absurdas, como el hecho de que la presión tributaria en provincias ricas como Santa Fe
(3,95 % del PBG) y Córdoba (3,65 %) sea similar a la de distritos pobres como Santiago del Estero (3,53) o
Chaco (3,35). En otras palabras, la construcción de un orden fiscal más justo y eficiente requiere un enfoque
federal (2).
La reforma policial es otro ejemplo. Desde la llegada de Nilda Garré al Ministerio de Seguridad, el gobierno
nacional encaró un proceso de revisión de las fuerzas federales en apariencia positivo pero cuyos resultados
todavía no son evidentes. El corazón del problema, sin embargo, no reside en la policía federal o la
gendarmería nacional sino en las policías provinciales, mal capacitadas, peor pagas y casi siempre
entramadas con los poderes mafiosos locales.
El tema es complicado. Por un lado, como señala Sebastián Etchemendy (3), no tiene mucho sentido
reclamarle al kirchnerismo que ponga un límite a la represión brutal de las policías provinciales al mismo
tiempo que se le exige que cuide el federalismo. Pero también habrá que admitir que el gobierno nacional
cuenta con una batería de instrumentos para –sin vulnerar la autonomía de las provincias– generar criterios
comunes, establecer pisos e inducir políticas, tal como ha hecho positivamente con la paritaria nacional
docente o el protocolo sobre aborto no punible.