Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

Lo primero que solicitaron los auditores a la DGSA fueron los manuales de operación y confirmaron que no
existen. Descubrieron también que los representantes de la DGAC no cumplieron con su obligación de realizar
inspecciones y supervisión de instalaciones aeronavales, personal técnico aeronáutico, ni supervisar que los
trabajos se realizaran de acuerdo con las normas internacionales.
La obligación de la DGAC es que exista un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga las
necesidades de la sociedad mexicana.
Las fuentes consultadas señalaron que los organismos de la SCT no realizaron inspecciones a Servicios Aéreos
de la PGR, porque un funcionario –del cual no se reveló su identidad– trabajaba en ambas instituciones y
encubrió las anomalías, por eso, al igual que el ex titular de la DGSA, Manuel Jesús González Flores, está
sujeto a investigación.
Los auditores comenzaron la revisión física de las bases y talleres de mantenimiento en el sur del país. Las
instalaciones ubicadas en Tapachula, Chiapas, y Chetumal, Quintana Roo, fueron las primeras. Siguieron las
de Acapulco, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos.
Pero el trabajo más minucioso se realizó en las instalaciones de Guadalajara, Jalisco, y la llamada Base
México, ubicada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital del país, ya que ahí se encuentran
los almacenes de Servicios Aéreos; en ellos se detectó un faltante de 600 refacciones aeronáuticas y la
existencia de miles de piezas que no son utilizables porque la PGR no posee naves que las requieran.
En días recientes la PGR suspendió la adquisición de un motor para un avión. Se detectó que el contrato de 3
millones de dólares solicitaba el envío de un motor para un avión que no existe en la flota.
Con la intensificación de las revisiones contables y operativas surgieron más resultados: al menos 20 de las
80 aeronaves de la flota tendrán que ser desechadas por encontrarse en estado deplorable. Cualquier intento
de ponerlas operativamente funcionales es incosteable, revelaron los funcionarios entrevistados.
La PGR tendrá que solicitar al Servicio de Administración de Bienes Asegurados que informe sobre la
situación jurídica que guardan los 20 equipos para que se pongan en subasta o se declaren como baja de los
bienes gubernamentales, ya que fueron asegurados a grupos criminales años atrás.
Asimismo, los auditores descubrieron que en bases de operación aérea, como la de Hermosillo, Sonora, la
PGR tenía montados sus talleres en cajas de camiones de carga y los mecánicos y técnicos no contaban con
instalaciones ni herramientas adecuadas para realizar su trabajo.
En una visita, observaron cómo fue bajado manualmente el motor principal de un helicóptero y cómo fue
reparado sin utilizar herramientas de precisión y vuelto a colocar.
En varias instalaciones encontraron reportes de reparaciones pagadas por la institución a empresas
privadas, pero los trabajos nunca se realizaron.
Desde 2006, La Jornada informó que trabajadores de la DGSA denunciaron la existencia de actos de
corrupción en los que estaban involucrados los directores de esa área, pero nunca se inició una averiguación
previa. La flota contaba con 163 naves. El titular de la PGR era Daniel Cabeza de Vaca y la operatividad era
de 47 por ciento.
La investigación ordenada por la procuradora Marisela Morales abarcará hasta 2004 de ser necesario,
cuando supuestamente la operatividad de la flota superaba el 75 por ciento, con la finalidad de detectar en
qué fecha comenzaron las complicidades y desmantelamiento de aeronaves, indicaron los funcionarios
entrevistados.