Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos

Hace unos días tenía el gusto de encontrarme con mi buen amigo Ramiro Ávila, compañero de fatigas en la
lucha por las libertades y el respeto a los derechos humanos y profesor en esta prestigiosa universidad. Fue
Ramiro quien me puso al corriente de este evento en solidaridad con los detenidos en Luluncoto,
extendiéndome su invitación a participar en él.
De manera inmediata dije sí a esta invitación. Esta contestación afirmativa a mi querido amigo Ramiro tiene
la siguiente motivación: tuve ocasión de visitar y entrevistar en el Centro de Detención Preventiva del Penal
Eloy Alfaro a los muchachos allí encerrados apenas una semana o diez días después de su detención. Estas
entrevistas respondían a una colaboración periodística que en su momento hice con la revista más
importante del país en materia de periodismo investigativo, la Revista Vanguardia, cuyo editor, Iván Flores,
también nos acompaña hoy aquí.
Tras salir de aquellas instalaciones penitenciarias sentí una tremenda desolación. Durante los días
posteriores me pregunté en innumerables ocasiones como es posible que un proceso que se define como
revolucionario y de transformación social, por muchas contradicciones que tenga a lo interno, no tenga
pudor en proceder con la detención, bajo acusación de terrorismo, de un grupo de militantes y activistas
sociales sobre los cuales la mayor sospecha que recae, es poseer literatura revolucionaria y entre ella, libros
del comandante Che Guevara. Entonces, hoy, los que cantan al Che Guevara meten presos a los que leen al
Che Guevara.
Los 10 detenidos de Luluncoto forman parte de los más de 200 activistas sociales con acusaciones de
sabotaje y terrorismo que en la actualidad existen en el país. Absurdo mecanismo de criminalización utilizado
por el Estado, pues todos sabemos que en el Ecuador no existe el terrorismo ni grupos que lo practiquen.
No voy a entrar en los aspectos jurídicos de este caso, no soy un especialista en la materia, y hoy conmigo
comparten ponencias gentes con amplio conocimiento y experiencia en materia jurídica. Mis palabras se
limitarán a intentar interpretar como puede deteriorarse de tal manera un proceso político que se supone
progresista, hasta llegar a cometer atropellos sobre las libertades políticas de estas características.
Haciendo algo de memoria, recuerdo haber visto en televisión, el pasado 21 de mayo, un extracto de la
presentación que hizo el Vicepresidente de la República del Ecuador, el Sr. Lenin Moreno, sobre el Informe
Nacional de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra ante las NNUU.
En dicha alocución, el Sr. Moreno enumeró uno por uno los diversos “hitos” alcanzados por el Gobierno en
materia de Derechos Humanos. En dicha exposición se afirmó que el respeto a los derechos humanos es la
base de la Constitución de Ecuador.
Debo indicar que coincido con el Sr. Vicepresidente de la República en que uno de los pilares de la
Constitución de Montecristi es el respeto a los Derechos Humanos, es por ello que levanto la ceja y me llena
de preocupación oír al Sr. Presidente de la República que la Carta Magna ecuatoriana es demasiado
garantista.
Dicha Constitución define al Ecuador como un Estado social de derechos y justicia; atribuyendo derechos no
solo a personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, sino también a la naturaleza. En su Art.
11 la Constitución de Montecristi explicita “la directa e inmediata vigencia de los derechos humanos”, incluso
ante la ausencia o desconocimiento de normativa jurídica. Y de igual manera, a través de su Art. 98, el cual
contempla el derecho a la resistencia, se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la
resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no
estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de
nuevos derechos.”
Sin embargo, y más allá del texto constitucional, asistimos a actuaciones institucionales que no pueden ser
definidas de otra forma, más que como políticas represivas que buscan la criminalización de la protesta