Guía para la detección e intervención temprana con menores en ...

Capítulo 5: Intervención con menores en riesgo desde los Servicios Sociales
(Obra de Protección de Menores, Auxilio Social, etc.), a las que se deben
añadir las actuaciones de la Beneficencia, desarrolladas por los Ayuntamientos
y Diputaciones. Así es que, junto a las necesidades sociales derivadas
de la pobreza y la indigencia, se encontraba la atención a colectivos
o sectores de necesidades especiales, entre las que destacaban ya los
menores, pero también la tercera edad y las personas con minusvalía.
Sin embargo, el sistema público construido a partir de los ochenta,
sustentado por la elaboración de leyes de servicios sociales en cada comunidad
autónoma, pretende superar la visión de unos servicios dirigidos
únicamente a las personas en situación de marginación y pobreza.
Es el mismo cambio que otros sistemas, como el sanitario, habían obrado
muchos años antes, definiendo las prestaciones sanitarias no como
aquellas destinadas a atender a los enfermos y tratar las enfermedades,
sino a la promoción de la salud y, por tanto, dirigida a toda la comunidad.
Así también los servicios sociales se definen en las distintas leyes
como un sistema dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
atendiendo todo lo relacionado con las necesidades sociales, y dirigido
a toda la comunidad, desde un planteamiento positivo e integrador
y no marginal.
Este sistema público se desarrolla sobre la base de una distinción estructural
muy importante que diferencia entre:
– Los servicios sociales comunitarios (también llamados generales
o de atención primaria), cuyo protagonismo recae en las corporaciones
locales (Ayuntamientos y Diputaciones) y que tienen la
función de atender cualquier demanda de los ciudadanos, así como
realizar un trabajo comunitario de estudio permanente de necesidades
en cada entorno y promover programas preventivos y
proactivos.
– Los servicios sociales especializados: destinados a grupos que
comparten necesidades muy específicas y que requieren prestaciones
y recursos ajustadas a esas particularidades. Se trata de algunos
servicios para personas mayores (v.gr.: residencias), personas
con discapacidad (centros ocupacionales), menores de edad
en desprotección (acogimiento en residencias o en familias), mujer,
juventud, etc., que requieren habitualmente importantes infraestructuras
o procesos de prestación o intervención de competencia
autonómica (como la declaración de desamparo en un
menor de edad). Normalmente estos servicios son gestionados
desde la comunidad autónoma, aunque es evidente que requieren
una estrecha conexión con los servicios comunitarios.
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