Guía para la detección e intervención temprana con menores en ...

Capítulo 5: Intervención con menores en riesgo desde los Servicios Sociales
ma que uno de sus cometidos puede ser la localización de situaciones familiares
donde los padres se ven incapaces de controlar el proceso educativo
de sus hijos, algo que se encuentra a medio camino entre el riesgo
de conductas inadecuadas y el desamparo.
Aunque el lector se pueda extrañar de ello, el adolescente menor de
edad que incurre en conductas de desobediencia y se escapa al control
de las normas de los padres se encuentra en una situación de desprotección,
ya que está privado de recibir los necesarios y debidos cuidados
que los padres deben ejercitar. Aunque en este caso los padres no sean
culpables de la situación, la ley no entra en cuestiones de causas y, de hecho,
nos encontramos ante un menor a la deriva, esto es, en desamparo.
Vemos así, una vez más, que la conexión entre el concepto de menor en
riesgo de desamparo y de riesgo de delincuencia o drogodependencia tiene
zonas de intersección muy perceptibles. De hecho, el sistema de protección
de menores está asistiendo a un incremento notable de los casos
de adolescentes que requieren intervención protectora a causa de la incapacidad
confesada de los padres para poder ejercer su papel educativo.
Estos casos están planteando una verdadera crisis del sistema de protección
y más aún de una de sus medidas, como es el acogimiento
residencial, ya que son alojados en hogares y residencias de protección
donde hasta ahora fundamentalmente se alojaban menores con experiencias
de negligencia y maltrato, pero no con conductas de desobediencia,
agresividad y falta de control de sus impulsos.
Siguiendo con el Cuadro 1, a los servicios especializados les correspondería
intervenir cuando el caso de desprotección exige asumir la tutela
o guarda de los menores (la guarda es una medida solicitada por los
padres para evitar el desamparo de los hijos y obedecería a situaciones de
riesgo y no de desamparo). Una vez asumida la guarda o tutela, la Administración
deberá poner en marcha una medida de cobertura educativa
que fundamentalmente será el acogimiento en un hogar o residencia
de protección, un acogimiento familiar con sus múltiples modalidades
(en familia ajena, extensa, temporal, permanente, etc.), o si la situación
es irreversible y se dan las condiciones legales precisas, la adopción.
Es importante enfatizar el papel de los servicios comunitarios como
pieza clave de prevención y detección, pero también como elemento que,
de no existir, obliga a intervenciones que implican la separación familiar,
ya que el siguiente paso es la tutela y sin equipos capaces de mantener
al menor con seguridad en el hogar, la medida más fácil es separarlo y
acogerlo en una residencia sin dar lugar a la posibilidad de trabajar con
la familia. Donde no existe una fuerte implantación de programas comunitarios
de intervención familiar existe poca prevención y detección,
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