Guía para la detección e intervención temprana con menores en ...

1. INTRODUCCIÓN
Las distintas administraciones tienen la competencia de cuidar y
proteger a los ciudadanos, en especial a aquellos que, como ocurre con
los menores, su bienestar depende de otros adultos. Por ello, las Naciones
Unidas promulgaron en 1989 la Resolución sobre los Derechos del
Niño, que fue ratificada, entre otros, por nuestro país.
Cuadro 1
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1989 la Resolución sobre los Derechos del Niño,
ratificada por nuestro país, y en cuyo preámbulo se reafirma la necesidad de proporcionar a los
niños cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad. Se destaca el papel primordial de
la familia en lo que respecta a la protección y la asistencia al menor. De esta Convención se deriva
un decálogo de los principios básicos del sistema de atención a la infancia:
1) Contemplar la asistencia de todos los niños y adolescentes dentro del territorio nacional, independientemente
de su género, cultura y nacionalidad
2) Orientar la planificación y desarrollo de las actividades del sistema de atención a las necesidades
de los niños y adolescentes.
3) Normalizar y asegurar que todos los niños y adolescentes tienen que ser escuchados y participar
activamente en la atención que se les dispense.
4) Velar por que la dignidad de los niños y adolescentes sea respetada también en la provisión de
cuidados y servicios del sistema de atención social.
5) Establecer las condiciones que permitan, tanto a niños como a niñas y adolescentes, reconocer
los límites que facilitan un comportamiento que no resulte perjudicial para otros o para sí
mismo.
6) Notificar y hacer partícipes a los niños y adolescentes que han sido separados de sus padres de
su propia historia personal y familiar, así como garantizar que se respeten su cultura y procedencia.
7) Cuidar la atención que se proporcione a los niños y adolescentes para que sea de carácter continuo,
asegure su protección integral, bienestar y desarrollo.
8) Incrementar y mejorar la atención que promueva y preserve la estabilidad del ambiente familiar
de niños y adolescentes, evitando en lo posible la institucionalización.
9) Organizar la acción protectora de niños y adolescentes de modo que ésta se ejerza a pesar de
la oposición de sus padres o tutores.
10) Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a que los poderes públicos difundan, aseguren y
garanticen el cumplimiento y seguimiento de la Convención de Derechos de la Infancia.
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