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20 i. introducciónRevista Humanum, 2012). Además, pudimospercibir que la salud sexual y reproductiva de lasniñas se ve amenazada –y su problemáticaagudizada– como producto de embarazostempranos en extremo –de menores de 15 años,inclusive de 9 y 10 años– lo que nos viene amostrar situaciones de abuso y de violencia sexualque son constitutivos de delito y que, al mismotiempo, generan traumas graves para la vida actualy futura de las propias niñas.Por otra parte, en las próximas décadas serequerirá de una fuerza laboral altamenteproductiva, que pueda generar los ingresosnecesarios para economías de mayorconcentración tecnológica que de mano de obra, yel bono demográfico afectará a los países con laconsecuente reducción de personas en edad detrabajar y más dependientes de ellas 8 . Este es unimperativo para la formación de recursos humanosprecisamente en las niñas y niños de hoy, queserán esa generación productiva. En las familiasson las mujeres las encargadas principales delcuidado tanto de los niños y niñas como de laspersonas adultas mayores. En este contexto, nosolo la familia requiere fortalecimiento, también esfundamental el apoyo a las redes comunitarias enel nivel local, particularmente en el sector rural.Pero eso no es todo, nuestras sociedadesrequerirán avanzar también en igualdad dederechos entre grupos socio-económicos,considerando diferentes generaciones y zonas deresidencia, al mismo tiempo que innovar enmecanismos para profundizar sus democraciaspara la inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientesy para escuchar en los espacios dedecisión las voces de todas y todos sobre losasuntos que les atañen. Cada día es más evidentela necesidad de participación de las niñas yadolescentes mujeres de hoy en las propuestas de8En América Latina, las áreas rurales muestran un grado levementesuperior de envejecimiento que las zonas urbanas, a pesar de su mayorfecundidad y su menor expectativa de vida. En 11 de los paíseslatinoamericanos, la proporción de adultos mayores que vive en el árearural es mayor que en el área urbana (CEPAL, 2008).políticas públicas, de programas e iniciativas dedistinto tipo que las afectan directa eindirectamente.Desde la perspectiva institucional, prácticamentetodos los países de la región han implementado unconjunto de modificaciones legales e institucionalesen la búsqueda de la igualdad de género, laeducación para todos y el respeto a los derechos deniños y niñas, en especial en el campo del acceso ala educación. Estos cambios son producto tanto dela obligatoriedad en la implementación de losacuerdos internacionales como de las necesidades,demandas, luchas y propuestas de distintos actoressociales nacionales y regionales. Con todo, elproceso de firma y ratificación de tratadosinternacionales tiene un ritmo lento 9 , y desde que elEstado lo firma hasta lograr la plena adaptación yarmonización de la legislación y otros instrumentosnacionales pueden pasar décadas. Del mismomodo, la firma de estos tratados no necesariamentese expresa en la consiguiente implementación depolíticas y programas que puedan ir al ritmo de lasnecesidades en estos distintos ámbitos deldesarrollo. En general, según los actoresentrevistados para este estudio, las políticaspúblicas a favor de la infancia actúan de un mododesarticulado, sus principales estrategias sefragmentan en varias instituciones públicas y lasinstancias de coordinación cuentan muchas vecescon limitaciones estructurales: escasos recursos,atribuciones limitadas y bajo peso político respectode las dinámicas de las instituciones sectoriales.En este marco, gran parte de las políticas públicasdirigidas a las niñas y adolescentes mujeres estánorientadas a evitar la ruptura con el sistema escolar,o bien a que tanto la unión como la maternidad9En la actualidad, 19 países de la región han tomado el compromiso deorientar sus políticas educativas en la perspectiva del fortalecimiento delos derechos humanos, así como el combate de la discriminación racial ycontra las mujeres. Todos han ratificado la Convención de los Derechosdel Niño (CDN), y más de la mitad, el Protocolo de San Salvador, queamplía la definición de la educación para la democracia y la paz. Losdetalles de la firma de convenios se puede ver en el Anexo 2 del presenteinforme.