LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Fracción VI
Entendiendo la acción de inconstitucionalidad como una forma de control
abstracto de validez normativa, que solo insta se tilde de inconstitucional
una ley (formal y materialmente) o un tratado internacional, para lo cual
se dispone de 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la
norma para impugnarla en esta vía, es una facultad normativa que contribuirá
para una eficiente protección en la materia, pues el Instituto tiene
ahora la posibilidad de promover esa acción cuando considere que se
vulnere o menoscabe el derecho de acceso a la información.
Fracción VII
Las controversias constitucionales pueden promoverse solo entre órganos
gubernamentales de los diferentes órdenes: federal, estatal o municipal,
cuando los actos de uno de ellos afecten directamente a otro órgano gubernamental
por tratarse de disposiciones contrarias a los principios que
rigen nuestra Constitución, y corresponde conocer de dichas controversias
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto es una facultad
normativa que abona para que podamos generar una armonización en
los diferentes poderes de la Unión, en la garantía efectiva del derecho de
acceso a la información.
Fracción VIII
La facultad sancionadora del Instituto deberá estar acorde con lo previsto
en el título noveno de la presente Ley, que van desde el apercibimiento
hasta las multas, para lo cual, conforme a su competencia dará vista a
la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción, con la
particularidad de cuando se trate de sanciones económicas deberán cubrirse
con el propio recurso económico del responsable y no con recurso
del sujeto obligado, lo cual marcará pauta para evitar acciones u omisiones
negligentes de parte de los funcionarios que pertenecen a los sujetos
obligados, y que permite también para los demás órganos garantes su
aplicación en el ámbito de sus competencias, pues sin estas facultades no
tendrían fuerza vinculante las resoluciones del propio Instituto.
Fracción IX
Las acciones colaborativas entre los órganos garantes de las entidades
federativas y el Instituto, permitirán la consolidación de acciones más certeras
y sinérgicas para el logro de los objetivos de esta Ley, pero también
da la posibilidad a que se lleven a cabo estos convenios de colaboración
con los sujetos obligados, como pueden ser las instituciones educativas,
que serán de mucha utilidad para fomentar y difundir la cultura de la transparencia,
el acceso a la información, la rendición de cuentas y la difusión
de mejores prácticas, que tanta falta hacen a este país.
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