LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva
y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista
en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información,
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos,
corresponderá a los sujetos obligados.
Comentario
Este artículo tiene dos finalidades muy claras; la primera es que debido
a que se está efectuando una restricción al derecho de acceso a la información,
es necesario que tal restricción no sea aplicada de forma amplia,
sino de manera limitada, por lo que deberá encuadrar perfectamente la
situación a los supuestos establecidos en los artículos 113 y 116; la segunda
finalidad es el imponer la carga de probar la negativa de acceso a
la información, por la actualización de los supuestos contemplados en la
ley a los sujetos obligados y no a los individuos que estén ejerciendo su
derecho de acceso a la información. El sujeto obligado al ser quien está
restringiendo el derecho de acceso a la información, siempre tendrá la
obligación de probar a través de su fundamentación y motivación, junto
con el análisis del daño, que es necesario, en ese caso concreto, limitarle
el derecho de acceso a la información al solicitante de la misma.
Sobre la materia, existe una tesis aislada de Tribunales Colegiados
de Circuito en la que se señalan los diferentes principios fundamentales
que rigen el derecho del acceso a la información. El tercer principio establece
que el derecho del acceso a la información “deberá estar sujeto a
un sistema restringido de excepciones, las que solo se aplicarán cuando
exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando
ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la
información”.
Al respecto, es muy importante resaltar que en las Recomendaciones
sobre Acceso a la Información de la Organización de los Estados Americanos,
así como en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de
Expresión del 2001, se enfatiza que la carga de la prueba sobre la legitimidad
de la restricción corresponde al Estado 272 y por ningún motivo debe
de invertirse esa carga al solicitante de la información.
Por Leticia Bonifaz
272 Tesis I.8o.A.131 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI,
octubre de 2007, p. 3345.
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