LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
de Registro de Población (CURP), entre otros; ello no implica suprimir de
manera total el tipo de documento que contiene estas claves; las cuentas
bancarias o cantidades en dinero relativas al patrimonio de una persona física
o moral; los datos de identificación de vehículos, con la salvedad de los
que tengan el carácter de oficial; los datos biométricos (huella dactilar) de
las personas servidoras públicas del Tribunal, y la información que tutele el
derecho a la privacidad, intimidad, el honor, la dignidad y la propia imagen.
Asimismo, será susceptible de eliminarse cualquier dato relativo a circunstancias
de modo, tiempo y lugar relacionadas con el proceso deliberativo
de las personas servidoras públicas, en tanto pueda influir un proceso en
la toma de decisiones y hasta que no sea adoptada la decisión definitiva, o
bien, la contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados
con la definición de estrategias y medidas que deberá tomar el Tribunal
en materia de controversias legales.
La publicación de las versiones estenográficas es, también, parte del
conocimiento acumulado dentro del Poder Judicial.
En la experiencia de la Suprema Corte de Justicia, en particular dentro
de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental
y de Protección de Datos Personales, se presentó la oportunidad
de determinar si en una sesión pública, al momento de identificar el caso
de referencia, se debía o no mencionar el nombre de la empresa quejosa,
esto a propósito de una consulta elevada por la Primera Sala. Lo que la Comisión
tomó en cuenta para su determinación fue: a) lo relacionado con el
interés público que, de entrada, exigía la identificación clara e indubitable de
un expediente y, en su caso, la pública discusión; b) el principio de máxima
publicidad; c) que la fijación del nombre de las partes involucradas, a través
de distintos actos judiciales permite el conocimiento de la contienda por personas
distintas a los implicados. Finalmente se señaló que “la identificación
del asunto formaba parte de la publicidad de la discusión y decisión jurisdiccional,
puesto que de otra forma no tendría sentido alguno celebrar la
sesión abierta a los interesados sin que ellos pudieran ubicar el expediente
que se delibera y se resuelve en cada punto del orden del día”. 194
La inclusión de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas,
como sujetos obligados, concuerda con el numeral 3 de la Ley
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información aprobada por la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 195
Por Víctor S. Peña
194 Aguilar Morales, Luis María, “Protección de la vida privada y de la intimidad en las resoluciones
judiciales”, en Memorias del Seminario Internacional de Transparencia Judicial, 2013, México,
SCJN, p. 304.
195 Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución AG/RES 2607 (XL-O/10),
mayo 2010.
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