LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a
la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las
entidades federativas y los municipios.
Comentario
Con efectos declarativos más que normativos, este artículo se refiere a la
obligación que asume el Estado para garantizar el derecho de acceso a
la información. Esto quiere decir que no basta para el Estado cumplir con
su autorestricción de respeto, o de no interferencia, de este derecho, sino
que asume la obligación de llevar a cabo las medidas necesarias para que
las personas puedan ejercerlo plenamente. Particularmente, podemos referirnos
al establecimiento de procedimientos adecuados, así como a las
sanciones que deben imponerse a quienes infrinjan la ley y las medidas
para poder llevar a cabo esas sanciones.
Esta obligación es también de carácter internacional, en cuanto a que
todos los Estados que formen parte de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, tienen el deber jurídico de adoptar disposiciones, ya
sean legislativas o administrativas, encaminadas a que todas las personas
puedan ejercer de la mejor manera sus derechos humanos. 72
Posteriormente, se hace referencia al gran conjunto de sujetos que se
encuentran obligados por la Ley; todos los sujetos que deberán cumplir
con las disposiciones en materia de transparencia y el derecho de acceso
a la información.
Anteriormente, la Ley Federal de Transparencia únicamente imponía
las obligaciones en la materia a los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo
y Judicial), a los órganos con autonomía constitucional o legal y a las
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
Ahora, con el nuevo modelo constitucional y legal, se elevó el número
de sujetos obligados a más del doble, aumentando además el número de
obligaciones de transparencia que deben cumplir.
72 Artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
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