LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
cipio pro personae”. Por lo tanto, reconociendo que los derechos humanos
en el orden jurídico mexicano tienen dos grandes fuentes (la Constitución
y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte)
y que ambas se ubican en el mismo nivel jerárquico, cuando exista un
derecho humano reconocido tanto en la Constitución como en un tratado
internacional y en ambos existan diferencias en cuanto a su alcance o
contenido, “deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección
para la persona o que implique una menor restricción”. 77
Como todos los derechos humanos, el derecho de acceso a la información
debe interpretarse también buscando que se favorezca en la
mayor medida a las personas, quienes son sujetos de estos derechos
fundamentales.
Este mismo criterio está sustentado en la Ley Modelo Interamericana
sobre Acceso a la Información, que en su artículo 8 prescribe que “toda
persona encargada de la interpretación de esta Ley, o de cualquier otra legislación
o instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información,
deberá adoptar la interpretación razonable que garantice la mayor
efectividad del derecho a la información”.
Sin embargo, los organismos garantes, en muchas ocasiones se encuentran
obligados a resolver asuntos en donde se ven involucrados otros
derechos de las personas, particularmente cuando ejercen sus facultades
de control constitucional (controversias constitucionales y acciones
de inconstitucionalidad). Es por ello que en todas sus actuaciones deben
ponderar también los otros intereses en juego y no únicamente el de la
persona que está haciendo uso de su derecho de acceso a la información.
Es necesario que se consideren los posibles efectos que sus resoluciones
podrían tener en todos y cada uno de los derechos constitucionales, legales
o internacionales, que pudieran entrar en conflicto, máxime que este
artículo obliga a que las interpretaciones se hagan conforme a todas las
disposiciones que se acaban de señalar, y no únicamente de conformidad
con aquellas que tutelan el derecho de acceso a la información. 78
El principio de máxima publicidad al que se refiere el segundo párrafo
de este artículo, se encuentra reconocido en diversos instrumentos nacionales
e internacionales, los cuales han adoptado el mismo criterio, que se
refiere a que toda la información en posesión de los sujetos obligados es
pública y únicamente puede estar sujeta a un claro y limitado régimen de
excepciones previstas en la ley, de manera que todas las personas tengan
plena capacidad para conocer todos los actos de gobierno.
77 Tesis: 1a./J. 107/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II,
Libro 13, octubre de 2012, p. 799.
78 Tesis: 2a. LXXV/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXII, agosto de 2010, p. 464.
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