LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
justamente la intención que tuvo el legislador de homologar los procedimientos
de acceso a la información, para que en cualquier parte del país,
se rijan por los mismos principios, derechos, obligaciones y procedimientos
en general.
Estas disposiciones son acorde con lo que ya ha expresado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), al decir que “con procedimientos
que garanticen el acceso a la información en poder del Estado
se contribuye al control de la gestión estatal y es uno de los mecanismos
más eficaces para combatir la corrupción. La ausencia de control efectivo
implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja
la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables. Garantizar
el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la
transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de
la corrupción en la gestión estatal”. 30
En este orden de ideas, las leyes en materia de transparencia de las
entidades federativas, así como la del ámbito federal, deberán atender,
por lo menos, lo que está previsto en la Ley General, de manera que los
organismos garantes de cada estado y de la Ciudad de México se regirán
por las mismas bases que están comprendidas en la Ley General.
En adición, la fracción III, establece que la homologación de procedimientos
deberá ser diseñada por medio de acciones sencillas y expeditas.
Esta previsión tiene el firme propósito de asegurar eficacia con diligencia
institucional, para que el derecho de acceso a la información sea efectivo
de acuerdo con estándares internacionales en la materia. Al respecto, la
presente Ley General, prevé tiempos y formas que garantizan la protección
del derecho de acceso, al dar cumplimiento en la forma y contenido
de la información a liberar, pero también en un período de tiempo razonablemente
corto para dar respuesta al peticionario, aceptable de acuerdo
con criterios de derecho internacional y las buenas prácticas de otras legislaciones
en el mundo democrático.
Fracción IV
La fracción IV se refiere particularmente al mandato de ley, para que se
establezca una regulación específica con relación a los medios de impugnación
y sus procedimientos de implementación.
El primero de ellos es el recurso de revisión ante el INAI o los organismos
garantes locales, que ya se encontraba regulado por el marco
jurídico previo. Su utilidad radica en que los solicitantes de información
cuenten con el derecho de impugnar las decisiones de los sujetos obliga-
30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva OC-5/85, La Colegiación Obligatoria
de Periodistas.
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