LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
para establecer la relevancia que tiene el interés público sobre el interés
privado, de la necesidad de contar con normas que buscan armonizar los
diferentes intereses y derechos de una sociedad organizada por la ley,
bajo determinadas reglas, principios, procedimientos, instituciones y también
por las costumbres que se han dado para mantener una adecuada
integración y convivencia social. 5
Cuando la presente ley refiere que es de orden público, es para reconocer
explícitamente la preeminencia y jerarquía del interés colectivo, por
medio de normas imperativas, con relación a cualquier otro interés y más
aún cuando el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar legalmente
la protección más amplia del derecho a saber de la cosa pública, en
favor de los gobernados.
El concepto orden público tiene su origen en el derecho romano (Papiniano:
ius publicum privatorum pactis mutari non potest; y Ulpiano: privatorum
convenio iuri publico non derogat), 6 el cual era asociado con “reglas
absolutas […] necesarias e invariables” 7 que tenían como propósito la
protección del interés público, en temas del Estado o de derecho privado
indistintamente, como era el caso del derecho familiar.
Para algunos autores 8 es Friedrich Carl von Savigny, el precursor intelectual
que logró establecer el concepto de orden público en los términos
que es considerado actualmente, porque las normas con las que acuñó
el término, imperativas y en oposición a las normas supletorias, son creadas
para limitar el ejercicio de las voluntades individuales. Estos créditos
pueden y deben ser compartidos con J. J. Rousseau, quien 36 años antes
de que naciera Savigny, se refirió a la ley como una consecuencia de
la voluntad general, 9 de la soberanía del pueblo, en donde la voluntad
de la mayoría busca proteger el interés de la minoría; el interés público en
oposición al interés particular de cada ciudadano.
A Rousseau le preocupaba la debilidad del Estado para hacer valer
la ley, porque “los intereses particulares podrían tener mayor incidencia
en los asuntos del Estado, lastimando con ello la expresión original de la
voluntad general”, de la que refería que era indestructible y acertada. 10
5 Tesis: I.4o. A.63 k, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII,
agosto de 2005, p. 1956.
6 Tamayo Salmorán, Rolando, “Orden público”, en Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, coedición.
Porrúa-UNAM, México, 2006, p. 70.
7 Ídem.
8 Es el caso del Dr. Rolando Tamayo.
9 Rousseau, Jean Jacques, The social contract, Wordsworth Classics of World Literature,
Wordsworth Editions, Londres, 1998, p. 38.
10 Ibídem, p. 106.
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