LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona
en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley,
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
la Ley Federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad
aplicable en sus respectivas competencias; solo podrá ser clasificada excepcionalmente
como reservada temporalmente por razones de interés
público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.
Comentario
El derecho de acceso a la información ha transitado por diferentes etapas
en donde ha adquirido diversos significados e interpretaciones jurisdiccionales.
El artículo 6°. constitucional originalmente decía:
Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa,
sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos
de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden
público.
Si bien el texto del Constituyente de 1916-1917 tuvo la intención de
proteger la libertad de expresión, no se hacía mención alguna del derecho
de acceso a la información, en buena medida porque era un derecho desconocido
para la época y que no se asociaba en ningún sentido con el derecho
a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, tal como
lo establece actualmente el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. No obstante lo anterior, en Suecia ya formaba parte
de su catálogo de derechos fundamentales dentro de la ley de libertad de
prensa, que data del año de 1766.
Esta redacción permaneció sin modificación alguna hasta 1977, cuando
se introdujo una frase al final del texto como parte de la reforma política
que impulsó Jesús Reyes Heroles: el derecho a la información será
garantizado por el Estado. Pero en ese momento solo se estableció como
una prerrogativa de los partidos políticos minoritarios para que pudieran
dar a conocer sus plataformas de trabajo y otros documentos de interés
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