LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la
resolución, solo serán admisibles las pruebas supervenientes y la petición
de ampliación de informes a los organismos garantes y sujetos obligados.
En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso
de inconformidad para que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite
su carácter y alegue lo que a su derecho convenga.
Comentario
El artículo 169 explica las excepciones para la presentación de pruebas y
más elementos de convicción tras el cierre del período de instrucción. En
este sentido, para aclarar el alcance de este artículo se tiene que tener en
cuenta a qué nos referimos con el período de instrucción en el procedimiento
de inconformidad.
La instrucción es el momento del proceso en el cual el INAI:
a) Informa a las partes sobre la existencia de una controversia
para que expresen lo que su a derecho convenga.
b) Recaba pruebas, las desahoga y se allega de los elementos
suficientes que le permitan reconocer la información que ha solicitado,
la presunción de su existencia, el contexto en el que
se solicita, el interés público que reviste o el daño que pudiera
causar ante su divulgación.
De esta manera, una vez que se cierra el período de instrucción, solo
se podrán admitir aquellas pruebas de las que no haya tenido conocimiento
el recurrente al momento de presentar el escrito de recurso de inconformidad,
o bien, dentro de los diez días hábiles siguientes a la admisión
del mismo (período en el que el recurrente tiene derecho a expresar lo
que a su derecho convenga de conformidad con el artículo 168). Es decir,
solamente se admitirán las pruebas supervenientes.
De acuerdo con la definición de Eduardo Pallares, las pruebas supervenientes
son las que nacen después de la litiscontestación o aquellas de
las que recientemente se tiene conocimiento.
Por su parte, el Poder Judicial ha señalado que ninguna norma puede
constituir una barrera formal infranqueable que venga paradójicamente
a impedir el cumplimiento de los fines que en último análisis se persiguen a
través del proceso y, en consecuencia, la recepción de documentos supervenientes,
que tienda notoriamente a la asunción de mayores elementos para
la solución del conflicto con apego a derecho, no puede considerarse ilegal.
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