LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
cos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada;
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no
hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos
que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público,
y
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter,
siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones
establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas
en tratados internacionales.
Comentario
Como ha sido mencionado anteriormente, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 6º. establece que la información pública
podrá ser “reservada temporalmente por razones de seguridad pública
y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes”. Este párrafo permite
que los sujetos obligados puedan clasificar la información como reservada
y por lo mismo no permitir su acceso por un tiempo determinado;
además, establece que la clasificación de la información como reservada
deberá realizarse en los términos que fijen las leyes.
La finalidad de este artículo es justamente enumerar los supuestos a
través de los cuales los sujetos obligados podrán clasificar como reservada
la información y sustraerla por un determinado tiempo.
Estas excepciones al principio de máxima publicidad responden a la
existencia de un interés público que las justifica, puesto que la reserva
tiene la finalidad de proteger un asunto de interés general, el cual puede
verse dañado a través de la divulgación de la información.
Una tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación confirma, en primer lugar, que el derecho de acceso a la información
establecido en el apartado A del artículo 6º. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos puede limitarse en virtud del
interés público y de la vida privada y los datos personales. Asimismo, señala
que este artículo solo enuncia los fines constitucionalmente válidos
o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho y que a través
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