LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
ficación de la o el solicitante no es un requisito necesario toda vez que “la
universalidad del derecho otorga legitimación activa a cualquier persona.”
Cabe resaltar que si bien la anterior LFTAIPG no contenía expresamente
una disposición que estableciera que el nombre del o de la solicitante
no era un requisito indispensable, en la práctica no se negaba el
derecho de presentar una solicitud si dicho nombre no correspondía al de
quien la realizaba. Así, se daba trámite a requerimientos de información
planteados por personajes de ficción o personas cuyo nombre era resultado
de una invención.
En la reforma constitucional al artículo 6º., publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de julio de 2007, se adicionó un párrafo segundo
cuya tercera fracción señalaba que “toda persona, sin necesidad de acreditar
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la
información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.”
En relación con cómo debe ser el procedimiento de acceso a la información,
existe una tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito 326
que señala como los “principios básicos que rigen el acceso a la información
los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano
fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá
ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo, y 3. Deberá estar sujeto a
un sistema restringido de excepciones, las que solo se aplicarán cuando
exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y
cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener
acceso a la información…”.
La CIDH ha señalado 327 que, en general, los órganos judiciales de la
región han hecho referencia a la titularidad universal que tiene el derecho
de acceso a la información, lo que implica que “no es necesario acreditar
una calidad especial, un interés directo, ni una afectación personal para
obtener la información en poder del Estado”.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la
OEA 328 ha señalado como recomendación a los Estados en materia de
acceso a la información que en el caso del ejercicio de este derecho, toda
persona tiene legitimación activa “por tratarse de un derecho humano,
independientemente, por ejemplo de su condición migratoria o cualquier
otra distinción. Además, esta amplitud exige que no se le requiera a la
326 Tesis: I.8o.A.131 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI,
octubre de 2007, p. 3345.
327 CIDH, op. cit.
328 Consejo Permanente de la OEA; Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Recomendaciones sobre
Acceso a la Información. Consultado en https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP_2599-08_esp.
pdf.
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