LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
VII.
VIII.
IX.
Objetividad: Obligación de los organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo
de las consideraciones y criterios personales;
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los organismos
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y
Transparencia: Obligación de los organismos garantes de dar publicidad
a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen.
Comentario
La ley establece el deber jurídico para que el ejercicio de la función institucional
en la materia, sea de acuerdo con determinados principios de
excelencia, que también son reconocidos como una guía y catálogo
de buenas prácticas de gobierno.
Son los servidores públicos, más que los organismos garantes, los que
deben sujetar su actuación a criterios generales que han sido adoptados
en diferentes áreas de los poderes públicos, particularmente en el ámbito
judicial, en donde se establecen determinados principios que sirven como
referencia de actuación para el mejor desempeño de las funciones que
tiene asignadas por ley. Independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad
y seguridad jurídica son principios esenciales en el correcto ejercicio
de la tutela jurisdiccional. Es el caso que los integrantes de los órganos
garantes de transparencia realizan funciones que podríamos calificar de
cuasi judiciales (materialmente, al menos), toda vez que son el tercero
independiente que media la solución de un conflicto derivado entre dos
personas, que, en este caso, su contenido es el derecho de acceso a la
información y la protección de los datos personales.
El artículo en comento agrega otros principios, como la eficacia para la
tutela efectiva del derecho a la información; el profesionalismo, entendido
como la actuación de los servidores públicos con sujeción al conocimiento
técnico de la materia, para garantizar un desempeño eficiente; y la transparencia,
como obligación del órgano garante para publicar las deliberaciones
y todo acto relacionado con el cumplimiento de sus funciones.
Estas bases mínimas de prácticas de buen gobierno pretenden evitar,
entre otras cosas, un mal desempeño de la función pública en la materia.
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