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Negociación Gobierno-ELN. Y sin embargo, se mueve<br />
ción entre la forma Estado y las organizaciones sociales, los movimientos, los<br />
partidos, las víctimas, los sindicatos, el campesinado, entre otros grupos. Ese<br />
es un deslizamiento político relevante, porque implica la redistribución de la<br />
autoridad de la negociación, pero al mismo tiempo, pone de manifiesto que<br />
la negativa del ELN a dejar las armas tiene como justificación la idea de que<br />
son precisamente ellas la condición de posibilidad de una negociación entre la<br />
sociedad civil y el Estado.<br />
Paradójicamente, afirmar eso no cambia de manera sustancial las condiciones<br />
de la guerra. El reconocimiento del ELN como un tercer actor en<br />
posición de garante no implica menos represión, ni menos desigualdad, ni la<br />
profundización y radicalización de la democracia en un país tan profundamente<br />
excluyente como Colombia. Al final, las negociaciones tienen un carácter puntual<br />
y restringido y, para ser completamente honestos, si la guerra ha sido una de las<br />
estrategias más efectivas para neutralizar posibilidades políticas y reproducir<br />
un orden de poder excluyente, represivo y desigual, no existen garantías de que<br />
con el fin de la guerra no se reformulen también las tecnologías de exclusión,<br />
represión y muerte.<br />
La cuestión por lo tanto no es sólo de garantías políticas y de desmantelamiento<br />
del terrorismo de Estado; en las últimas décadas, sucedió un reordenamiento<br />
territorial que apuntaló un modelo regional; las diálogos actuales no<br />
tienen la intención de cambiar la orientación de ese modelo; otrora, cuando<br />
producto de otro pacto se consagró la Constitución Política actual, en el año 91,<br />
se promulgó una ley de ordenamiento territorial que nunca terminó de adecuarse,<br />
ni fue efectiva, de modo que posibilitó la acumulación de conflictos hasta<br />
hoy. Pensar los mecanismos que garanticen el ordenamiento territorial es un reto<br />
ineludible, si el Estado se entiende como un proyecto en construcción, en el que<br />
amplios sectores de población deben ser más que simplemente “reconocidos”.<br />
La captura, la neutralización y el movimiento<br />
La forma en la que el ELN ha orientado las posibilidades de la negociación<br />
ha abierto un escenario importante de explorar. Por décadas, la lucha armada<br />
se asumió como la forma privilegiada de acción radical. Esto, por supuesto,<br />
no es exclusivo de Colombia. Por el contrario, hace parte de procesos globales<br />
que emergieron, al menos, desde comienzos del siglo XX. La violencia, en su<br />
sentido más amplio, se comprendió como la posibilidad concreta de ruptura<br />
con el orden de poder existente. El ejercicio de la violencia, por lo tanto, tenía<br />
un carácter transgresor, disruptivo, capaz de desatar nuevas fuerzas y crear<br />
horizontes de vida alternativos. En este país, sin embargo, la violencia como<br />
forma de disrupción se normalizó y perdió su carácter transformador. De alguna