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De los fines y las formas | 21<br />
tienen una clara responsabilidad, en una cadena de exclusión política que incluye:<br />
el Frente Nacional, el paramilitarismo, la parapolítica, el genocidio de la<br />
Unión Patriótica y hasta el asesinato de cuatro candidatos presidenciales que<br />
participaban en las elecciones.<br />
Queda al ELN la opción de la resistencia armada ante los resultados inconclusos,<br />
un estadío político en el que la organización se atrinchere. Pero esto<br />
no deja de ser problemático: primero, porque ella es, en esencia, algo diferente<br />
a una resistencia. Y segundo, porque su promesa política no va en esa línea,<br />
que podría rayar en su suicidio. Sería más un argumento de última hora, alejado<br />
de la tradición del ELN. El caso del EZLN, de México, lo ilustra muy bien:<br />
quedarse como vocero armado le ha dado legitimidad en varios sectores, los<br />
identificados como sujetos, de los que ha derivado tal vocería. Pero lo ha dejado<br />
desconectado del país.<br />
La incertidumbre del camino a la paz<br />
“Hace 24 años, el ELN se propuso buscar una solución política al conflicto”,<br />
decía Gabino. Es decir, el ELN se ha preparado en estas lides. De los acercamientos<br />
que he tenido para entender el pensamiento de esta insurgencia, su lógica<br />
política y sus prevenciones frente al proceso de paz, puedo decir que ninguna<br />
de esas miradas muestra que sea una vía imposible.<br />
La imaginación muchas veces es buena consejera y la audacia política se<br />
impone hoy como reto. Jaime Bateman decía algo que siempre recuerdo: “el problema<br />
no es que nos maten a todos, el problema es que no sepamos hacer política”.<br />
En recientes viajes por varias regiones del país me sorprendió la claridad<br />
de las comunidades para ver el fin del conflicto armado y la construcción de<br />
paz como dos lógicas diferentes. Hay en esa claridad la esperanza de que el<br />
primero daría automáticamente un lugar a la segunda. No obstante, conviene<br />
advertir que eso no es del todo cierto porque hay un chantaje estatal implícito<br />
de cumplir sus deberes, si y solo si la insurgencia firma. Y porque la firma en<br />
sí misma no garantiza los cambios sociopolíticos que las comunidades identifican<br />
como construcción de paz: salud, educación, obras, empleo, desarrollo,<br />
justicia, etcétera.<br />
Si miramos el cumplimiento del Estado a las insurgencias que se desmovilizaron<br />
en el pasado, si estudiamos la larga lista de acuerdos incumplidos a<br />
las comunidades de Cauca, Catatumbo y Arauca, la pregunta inevitable es si se<br />
puede creer en el gobierno.<br />
El riesgo de asumir la paz no solo radica en las dificultades de convertir<br />
una organización militar clandestina es una opción política legal, no solo en<br />
negociar en la mesa con la altura de una organización que no ha sido derrotada,