Y SIN EMBARGO SE MUEVE

¿Por qué negociar? | 123
manera, se convirtió en una violencia conservadora, que produjo un orden de
poder en sí misma y se naturalizó en la vida.
Ese desplazamiento por el que la violencia de la lucha armada pasó de ser
ruptura a normalizarse implicó una serie de cosas. Primera, la marginación
paulatina de la capacidad política de la lucha armada: asumió lugares, discursos
y estructuras donde la lucha cotidiana y sentida de buena parte de la población
se clandestinizó, volviendo lo armado un modo de regulación y no un transformador
de realidades.
Segunda, estableció una distribución del poder que fue distanciando
crecientemente a las organizaciones no armadas de la constitución de proyectos
radicales. El establecimiento de vanguardias bajo la idea de ser correas de
transmisión creó una suerte de intermediarios, lo que “desplazó” el sentido de
la radicalidad que tenían los conflictos territoriales hacia las militancias o hacia
la pertenencia a estructuras —correspondidas o no— por parte de la población.
Tercera implicación de la normalización de la violencia de la lucha armada:
la configuración de un proyecto genocida desde el Estado, orientado a la obliteración
de la diferencia, en función de la homogenización del país. La capacidad
del orden de poder históricamente constituido para hacer de la guerra una forma
hegemónica de organización de la vida condujo a un marco cíclico de “violencia
para enfrentar la violencia”. Además, al legitimar la política contrainsurgente,
amplió su aplicación indiscriminadamente a la población colombiana. Asesinó
el pensamiento crítico con relativa capacidad de legitimación, pero también a
quien habitó el territorio en disputa.
El ejercicio de la violencia significó un doble movimiento entre las organizaciones
políticas y sociales: aquí lo llamaremos de neutralización y captura.
La neutralización tiene que ver con la reconfiguración global de lo político,
desplazado de manera creciente hacia el ámbito jurídico, en particular, al de los
derechos humanos y el humanitarismo. Eso ha subordinado otras formas de
acción política. En Colombia, este movimiento tiene un carácter pragmático y
también político: simplemente, buscar mecanismos para detener el océano de
sangre cruzando el océano de argumentos legales en dirección a otras latitudes.
Eso requirió el uso creciente de un arsenal jurídico-afectivo de carácter transnacional,
es decir, el marco de los derechos humanos y la sensibilidad humanitaria.
Ese deslizamiento político hacia el ámbito legal significó una transformación
de los lenguajes, discursos y prácticas generales de las organizaciones sociales y
políticas, puestas cada vez más en función de la consolidación de lo que Samuel
Moyn (2012) llama “la última utopía”, la consolidación de los derechos humanos
como proyecto y fin último de la actividad política.
El segundo movimiento, la captura, tiene que ver con la forma de asumirse
la radicalidad de la política en el contexto de guerra. Nuestra idea de