Y SIN EMBARGO SE MUEVE

84 |
Negociación Gobierno-ELN. Y sin embargo, se mueve
Consecuencias de la violencia contra la USO
y sus iniciativas de paz
Las posiciones de la USO a lo largo de su existencia en torno a los derechos
laborales, a la política petrolera y de recursos naturales, a la defensa de Ecopetrol,
a la política social del gobierno y, en general, al modelo económico, le
han costado en las últimas tres décadas, cuatro desaparecidos, 112 asesinados,
46 presos, señalados en su gran mayoría, montajes judiciales, de participar en
atentados contra la infraestructura del petróleo; 25 exiliados y cerca de 200
desterrados de sus sitios de origen y de trabajo.
A este respecto, la USO considera, bajo el entendido de que los recursos
energéticos deben servir para el desarrollo industrial y humano del país, como
lo fue en algún momento para los “países desarrollados”, que el mecanismo
más adecuado para alcanzar la paz es invertir los recursos provenientes de la
renta petrolera en el bienestar social de la población y en el apalancamiento de
la industria nacional en sus diversas ramas.
En este sentido, ha generado iniciativas ante Ecopetrol para ayudar a
construir paz en nuestro país.
A mediados de la década del noventa, hubo en el país un contexto de masacres
y desplazamiento forzado producido por los grupos paramilitares. A la
vez, se presentaban también de los diálogos con las guerrillas, que terminaron en
Tlaxcala, Méjico. En esos momentos, la USO propuso a Ecopetrol y a la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano realizar la Primera
Asamblea por la Paz, cuyo lema fue Petróleo, Paz y Desarrollo para la Nación.
El sindicato dialogó con las comunidades en varios territorios de explotación
petrolera, con los mandatarios locales de esos mismos lugares, con los
empresarios, con las iglesias, buscando salidas comunes a la grave situación de
violencia y con el objetivo de sacar del conflicto armado a las comunidades y a
la industria de los hidrocarburos.
La Asamblea tuvo acogida y en ella se propuso tratar todo lo relacionado
con la paz como una política de Estado y no dejarla al arbitrio de los manejos
políticos, guerreristas o clientelistas del gobierno de turno. Además, promover
los Acuerdos Parciales de Vigencia Inmediata, que permitieran afectar lo menos
posible a la población civil que se encontraba y se encuentra en las regiones
donde es más intenso el conflicto armado.
La USO insistió para que tanto el gobierno nacional como las guerrillas
dieran estricto cumplimiento a las normas del DIH: cese de los bombardeos a
zonas en las que las principales víctimas son las poblaciones campesinas y sus
cultivos, políticas sociales para las regiones más afectadas por el conflicto y
desminado de lugares que afectaban a los pobladores. Refiriéndose al secuestro,