Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad | 135
la eventual participación política de las FARC-EP, la justicia transicional y las
garantías de no repetición, que suponen reformas institucionales que el Estado
colombiano parece no querer aceptar.
Vale decir, es claro que el asunto de la victimización implica una disputa.
Mientras el movimiento de víctimas y de derechos humanos ha reclamado históricamente
el reconocimiento de los crímenes de Estado, el gobierno ejercita
el negacionismo aceptando sólo la comisión de delitos cometidos por algunos
“agentes estatales” de manera aislada y pretende imponer la tesis de que toda
violencia es ilegítima y repudiable, excepto la violencia de Estado.
¿Por qué el proceso de paz? Los motivos.
Hoy se reconoce ampliamente que la verdadera motivación del proceso de paz
para el gobierno nacional está en la defensa de los intereses económicos que
representa. La búsqueda por la legalización de la propiedad rural, por ejemplo,
proviene de la necesidad de desatar la inversión nacional y extranjera en
agrocombustibles, bonos de carbono, y lo que quede para la producción de
alimentos en función de las demandas comerciales por encima de la satisfacción
de la soberanía alimentaria de las comunidades, o aún, de un programa
de desarrollo que les pretenda beneficiar. Con las fluctuaciones de los precios
del petróleo, el sabotaje permanente de la insurgencia se convierte en un problema
mayúsculo. Un gran proyecto de recuperación de la navegabilidad del
Río Grande de la Magdalena, conectado con el Ferrocarril del Pacífico y con el
Puerto de Buenaventura, está esperando el momento de la firma de la paz para
declarar el posconflicto como un premio de lotería.
Con todo lo desastroso que resulta lo anterior, hay que tener en cuenta
otros elementos.
En primer término, es preciso medir el estado del llamado “pacto de las
élites” frente a la paz. El presidente Santos vio la necesidad de emprender los
diálogos con las FARC-EP pues hay cuestiones que urge conceder a los adversarios
insurgentes, como reformas fundamentales para la sociedad colombiana.
Sin esas concesiones, resulta imposible proyectar sus expectativas. Dicho de otra
manera, más que una prueba de fortaleza, la decisión de las élites colombianas
de recurrir a la figura de Álvaro Uribe renunciando a construir consensos,
imponiendo una forma de comprender el conflicto y recurriendo al narcoparamilitarismo,
es la reacción ante una crisis aguantada que, paradójicamente,
no termina por develarse por cuenta de la tragedia que la tapa.
Entonces sí, el posacuerdo es el verdadero escenario en disputa, pero lo
que ocurre en este momento es que ni el gobierno, ni las FARC, ni el ELN,