Y SIN EMBARGO SE MUEVE

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Negociación Gobierno-ELN. Y sin embargo, se mueve
estimarse a si mismo de alguna manera como organización social en armas o
como representante en armas de las organizaciones sociales.
No obstante estas incertidumbres, suponemos por las informaciones de que
el gobierno y el ELN han llegado a acuerdos sobre los obstáculos mencionados.
¿Cuáles son, entonces, en concreto, esas garantías necesarias para dar el paso a
negociaciones abiertas y públicas, a las que hemos aludido? Allí parece residir
un escollo en cualquier negociación: definir cuáles son los límites y medidas
reconocidas como garantías por las partes.
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En Colombia y en relación con la seguridad, es imperioso lograr el compromiso
del Estado de combatir a los herederos del paramilitarismo, sus financiadores
y determinadores. De manera particular, terminar con la connivencia y
vínculos de sectores de las fuerzas militares y de policía y de la institucionalidad
con ese fenómeno criminal. ¿Cuáles deben ser los alcances de ese compromiso
durante la negociación y cuáles los tiempos y características de la puesta en
operación de las medidas necesarias para volver cierto ese compromiso? Además,
¿en qué momento se considera que el compromiso es suficiente para dejar
las armas? Sobre eso debe haber claridad por parte del gobierno, y no retórica.
En cuanto a las garantías jurídicas, son de dos órdenes. En el primer orden
están las garantías jurídicas de que los miembros del ELN no serán enviados
a la cárcel, ni extraditados y que tendrán procesos en el marco de la justicia
transicional. Eso lo considera el ELN un asunto fundamental, relacionado con
el derecho a la rebelión.
En un segundo orden están las garantías para los presos políticos del ELN,
en el sentido de que sus procesos y/o condenas se revisarán como consecuencia
de la negociación. A eso se añaden las garantías para los líderes y lideresas
sociales de movimientos y colectivos identificados como cercanos ideológica o
funcionalmente al ELN: que no sean perseguidos, algo de capital importancia
para la insurgencia.
Las garantías sociales tienen que ver, entre otras cosas, con un asunto
central para el ELN: la participación y las demandas de la sociedad, en particular,
de los sectores populares. En este aspecto, mencionemos dos asuntos. La
participación social en las negociaciones mismas y la participación social como
tema y objeto de la negociación.
En el primer caso, cuando el ELN ha hablado de salida política negociada,
ha sostenido la necesidad de que en ella haya una amplia participación social. Eso
fue visible en su acuerdo con el M-19 sobre el Diálogo Nacional en la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar y en su propuesta de una Convención Nacional.