Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Dos claves indígenas | 259
los sistemas generales de Participaciones y de Regalías, basados en la tesis de la
corrupción regional y atrincherados en el supuesto blindaje del Estado central
frente a estos vicios; un paradigma imperturbable, que impide pensar los necesarios
mecanismos alternos y transitorios de gestión de recursos que deben
establecerse para la etapa de transición democrática hacia la paz.
En realidad la idea de un sinnúmero de instituciones nacionales fungiendo
como tutoras de las instituciones locales, “enseñando democracia” a quienes nunca
han garantizado derechos, es una suplantación institucional (democracias de
enclave). La idea de la re-institucionalización (tan cara al modelo de consolidación
territorial impulsado por el gobierno), destruye en la práctica la institucionalidad
local. Para profundizar la democracia, más que construcción de ciudadanías o
integración de territorios, de lo que se trata es del reconocimiento de esas ciudadanías
y esas institucionalidades poderosas, erigidas a pulso en las zonas más
violentadas del país y, por lo mismo, ocultadas por la guerra. La experiencia de
reconocer los gobiernos indígenas ha sido positiva para el país; en la práctica, ha
garantizado con el control social, la jurisdicción propia, la territorialidad ancestral,
etc., la profundización de la democracia, el fortalecimiento de la gestión de
lo público y que la participación comunitaria sea de las mayores de todo el país.
Del mismo modo que los gobiernos indígenas son los únicos posibles para los
territorios y comunidades indígenas, las institucionalidades alternativas de las
zonas de conflictos son las más adecuadas para la transición; de lo contrario, es
muy posible que nos encontremos ante territorios ingobernables.
Un segundo gran problema del enfoque de paz territorial formulado por
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) es que basa su actuación
en la intangibilidad de las Fuerzas Militares y de Policía en el proceso de negociación.
Más allá de la necesaria doctrina militar democrática, la depuración y
reducción del Ejército, etc., nos interesa ver la posibilidad de y las transformaciones
requeridas para que cumplan un papel en la garantía de la convivencia
comunitaria y la reconciliación. De nuevo, la experiencia indígena del Cauca
nos servirá de referencia.
El espíritu militarista, su formación para la represión y no para la convivencia
y su profunda burocratización (una de las causas de su fracaso en el plan
de consolidación territorial) permiten concluir que una fuerza pública ineficaz
en la guerra no mostrará eficacia en la paz. En cambio, podría reeditarse lo vivido
en el norte del Cauca: ostentosa militarización pero sin control militar, sin
garantía de convivencia y sin seguridad. En el plan de consolidación territorial,
el instrumento de transición entre la recuperación del territorio y la re-institucionalización
era la Policía Nacional, un cuerpo que en teoría es civil, pero que
desde hace muchos años es un cuerpo militarizado; el ministerio del posconflicto
—encargado de la convivencia y la reconciliación— es una variante del mismo