Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Agenda petrolera y participación política | 185
búsqueda, la producción, el desarrollo, la comercialización), con los aspectos
político, social, ambiental y económico, con la normatividad que orienta a quien
deba asumir los riesgos y responsabilizarse de los impactos, a fin de establecer
las posibilidades industriales, la racionalidad de la actividad y la competitividad
en términos económicos.
Sin embargo, esta coincidencia es a su vez un punto significativo de la controversia:
están en debate los instrumentos de asignación y contratación de los
recursos y la flexibilidad de permanentes ajustes en tiempo, renta y condiciones
contractuales; hasta el sentido y la interpretación de los dispositivos jurídicos.
Su discusión aborda temas como la naturaleza y las bondades de las formas y
convenios contractuales, su relación con la soberanía nacional, su legalidad,
legitimidad y modificabilidad y aspectos particulares como exigencias y cláusulas
de revisión, reversión al Estado, prórroga, operación, dimensionamiento de
las instalaciones, rata de producción, participación en la producción y aportes
fiscales, efectos políticos, económicos y sociales como la negociación de transferencia
y tecnología, el precio del petróleo, los costos de producción y el precio
del mercado, la compra de crudos destinados a la refinación interna y la balanza
de pagos que se deriva de ello. También, la falta de valoraciones previas de los
impactos y las plusvalías derivadas de la ocupación de los espacios de extracción.
No pueden quedar de lado otros aspectos de la discusión: los asuntos
relacionados con políticas de autosuficiencia interna, el control ecológico y la
flexibilización normativa. Una discusión de fondo es si el contrato es una política
o es un instrumento de política; es decir, si es únicamente la aplicación de una
normatividad establecida para el alcance de unos objetivos.
Otro elemento de la discusión es la actividad de los entes estatales de
administración y control. La definición de una política petrolera y del ente
ejecutor incorpora aspectos tales como magnitud, crecimiento, fortaleza, propiedad,
alcances de su proceso de desarrollo, las fases de la industria que debe
realizar, financiamiento e inversión. En otros términos, se trata de determinar
si habrá un modelo sistémico que vertebre los hidrocarburos, industria regida
por criterios sociales, o si, por el contrario, la actividad estará a cargo de un
ente de carácter comercial en el sector industrial de los hidrocarburos, regida
por criterios de oferta y demanda, compitiendo en el mercado con poderosos
actores internacional económicos y políticos.
Participación de la sociedad
La participación concebida en el sistema democrático inspira el nuevo marco
en el que se estructura el sistema constitucional del Estado colombiano. Implica
la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de incidencia ciudadana, así