Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Dos claves indígenas | 261
idea de paz territorial que ha propuesto el gobierno nacional. En la actualidad,
se requiere con urgencia —además de cumplir con lo ordenado por la Constitución—
definir una figura jurídica que englobe la territorialidad campesina
y que concrete la aspiración de las Zonas de Reserva Campesina y las Zonas
Agroalimentarias de contar con las competencias territoriales, asunto que implica
cambios constitucionales.
El llamado del gobierno a la “paz territorial” y sobre todo al “protagonismo
de los municipios” implica un segundo ámbito de transformaciones urgentes,
que corresponden al contenido de los poderes municipales: la restitución de sus
competencias. El fortalecimiento de la participación indígena en el Cauca está
vinculada a la capacidad de decisión real de las comunidades locales para definir
sus asuntos. La adopción del Convenio 169 de la OIT unos meses antes de la
expedición de la Constitución Política permitió darle un marco de efectividad
a los gobiernos indígenas: derecho a decidir sobre las formas particulares del
desarrollo, gobierno y la territorialidad, consulta previa para incidir sobre la
explotación de recursos y las iniciativas legislativas.
Es ese contenido sustantivo de la participación democrática el que debiera
garantizarse mediante una reforma a los entes territoriales. Es sabido que desde
que se crearon decenas de espacios de participación en el ámbito local apareció
la crítica por su ritualización; problema que alcanza las alcaldías y concejos municipales,
donde se constata que la democracia local ha sido vaciada de objeto:
el medio ambiente, el agua, el orden público, el uso de los suelos, el modelo
de aprovechamiento de los bienes de la naturaleza, temas de impacto obvio e
inmediato sobre las comunidades locales, no pueden ser decididos por ellas,
pues las competencias corresponden al plano nacional y algunas de ellas han
sido trasladadas al sector privado.
Es visto que las competencias locales en ordenamiento territorial regional,
en manejo de aguas y suelos, o en manejo de salud y educación —como las que
se han reconocido a los pueblos indígenas— no desbocan el control de la Nación
ni destruyen las instituciones, a pesar de la agresiva campaña mediática contra
estos derechos. Es claro también que, entre esas competencias locales, las que se
reclaman sobre la política minero-energética y ambiental son las que más están
asociadas a episodios de violencia política, por la respuesta militar y criminalizante
del Estado y por ende deben ser de especial priorización. Los conflictos
sociales más agudos del actual periodo se están dando por la rabiosa negativa
del Estado Nación a reconocer el derecho de las comunidades a decidir sobre
estos asuntos, que han impulsado ejercicios de consulta popular para definir
el futuro ambiental de esos municipios; lo paradójico es que las comunidades
reclaman más democracia y el Estado acude a trampas y triquiñuelas para que
no haya democracia.